A través de un comunicado de prensa difundido hoy por Actualité.CD, la institución señaló que “no participa en acuerdos bilaterales como el suscrito” y, por tanto, se reserva el derecho de limitar, rechazar o suspender su participación, si no se pueden garantizar los estándares mínimos de protección.

Añadió, sin embargo, que puede “ofrecer asistencia para el retorno voluntario a los migrantes que lo soliciten, de conformidad con su mandato y los marcos legales aplicables”; pero en lo concerniente a los términos o el alcance del acuerdo bilateral, las preguntas deben dirigirse a las autoridades gubernamentales, apuntó.

La OIM insistió en que sólo presta asistencia para retornos “estrictamente voluntarios”, los cuales se basan en “el consentimiento libre, previo e informado de las personas afectadas”.

Tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y RDC para la acogida temporal de migrantes de terceros países deportados de territorio estadounidense, el primer grupo de 15 personas llegó el viernes 17 de abril a Kinshasa.

El convenio, que ha sido cuestionado por diferentes sectores, fue defendido por la canciller congoleña ante la Asamblea Nacional y también por la primera ministra, Judith Suminwa, quien el sábado dijo a una televisora que se trata de “un servicio” que la RDC presta a Estados Unidos, aunque reconoció desconocer las nacionalidades de quienes llegaron.

El Gobierno insiste en que no es un mecanismo de asentamiento permanente en Kinshasa, ni de ningún tipo de reubicación permanente, sino de un acuerdo estrictamente transitorio, temporal y por tiempo limitado, que no tiene costos para las arcas del Estado, pues todo corre a cargo de Washington.

Sin embargo, se desconoce el número exacto de migrantes deportados que se recibirán, así como los países de origen de quienes ya se encuentran en Kinshasa.

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