Añadió además que el número podría crecer a medida que avancen las investigaciones en curso sobre desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado.

Trascendió asimismo que el número fue actualizado debido a los hallazgos asociados al caso 03, que indaga sobre sucesos ocurridos en Antioquia y donde recientemente se documentaron mil 435 víctimas adicionales a las ya conocidas.

Un informe de la JEP, basado en las versiones de comparecientes, concluyó que hubo coordinación entre grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional, específicamente de la Décimo Séptima Brigada y el Batallón Vélez, en la región de Urabá y Apartadó durante los años 2004 y 2005.

Por otra parte, develó la existencia de una política de facto y estructural de colaboración entre las fuerzas paramilitares y las fuerzas públicas en la región.

Como parte de sus pesquisas determinó el organismo que, entre 1990 y 2016, se registraron siete mil 837 víctimas a nivel nacional por homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, clasificadas como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate.

Díaz detalló asimismo que, en el departamento de Antioquia, entre 1990 y 2016 se registraron mil 932 casos de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, lo cual se sustenta en datos hallados en el Centro Nacional de Memoria Histórica, informes de víctimas, la Procuraduría y la Fiscalía.

La revelación coincide con la queja del grupo conocido como “Madres de los Falsos Positivos”, que expuso la molestia de sus integrantes tras el anuncio de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia de nombrar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como ministro de Defensa, en caso de ganar las elecciones del próximo 31 de mayo.

“La JEP asegura que las víctimas de ‘Falsos Positivos’ ascienden a siete mil 837 y mientras esto pasa, la candidata presidencial Paloma Valencia, propone al expresidente Uribe como ministro de Defensa. Es una burla. No podemos permitir que esto pase”, expresó la asociación en redes sociales.

Según alegan los colectivos de madres buscadoras, un número considerable de las desapariciones forzadas ocurrieron bajo la presidencia de Uribe o mientras se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.

La cifra divulgada anteriormente por la JEP en lo referido a ejecuciones extrajudiciales era de seis mil 42.

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