La medida estará vigente entre el 3 y 18 de mayo, de 23:00 a 05:00 (hora local) en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos.

Además, se aplicará en los cantones La Maná (Cotopaxi) Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Durante la restricción de movilidad nocturna, en los territorios mencionados -que incluyen a Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país- solamente podrán circular quienes laboran en el sector de la salud, miembros de la fuerza pública, así como encargados de servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

No obstante, en el decreto se explica que la verificación de quienes circulen en el toque de queda se realizará “considerando las particularidades de cada caso de forma racional y proporcional”.

Además de la movilidad, estarán suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia, lo que faculta a la fuerza pública a realizar allanamientos.

Noboa anunció el toque de queda el pasado 20 de abril y dijo que el objetivo es «profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas».

El gobernante indicó que la decisión se adoptó tras los resultados de las operaciones ejecutadas por las fuerzas del orden durante otro toque de queda que estuvo vigente durante entre el 15 y el 30 de marzo en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En esos 15 días, las autoridades señalaron que hubo más de mil 800 detenidos, gran parte de ellos por incumplir la restricción, se incautaron armas, municiones, dinero en efectivo, combustible, entre otros resultados.

El nuevo toque de queda preocupa a sectores como el turismo, el comercio y las exportaciones, que advierten pérdidas económicas y riesgos para el empleo.

Los gremios productivos sostienen que la medida aplicada en marzo pasado dejó impactos negativos, especialmente en actividades que dependen de la logística nocturna, como el sector bananero, uno de los principales rubros de exportación del país.

El Gobierno insiste en la necesidad de enfrentar la violencia y debilitar las economías criminales, en un país que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes tras cerrar 2025 con más de nueve mil homicidios.

Ecuador permanece desde 2024 bajo la declaratoria de conflicto armado interno, con la que el Ejecutivo busca enfrentar a bandas criminales calificadas como terroristas.

Pese a la militarización, toques de queda y estados de excepción, la violencia persiste y el primer trimestre de 2026 cerró con dos mil 86 homicidios.

No obstante, Noboa afirma que esa cifra representa un descenso en comparación con 2025 y ha defendido la cooperación internacional, fundamentalmente con Estados Unidos, cuyas tropas estaría dispuesto a recibir en el territorio nacional.

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