En un comunicado, recordó que este órgano, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, tiene la obligación de analizar la documentación, para establecer si hay elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

Agregó que, de manera paralela, la FGR pondrá en marcha una indagatoria con el propósito de “conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.

Precisó que la legislación local señala que, para pedir a un juez una orden de aprehensión, se requiere evidencias “que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, mientras el tratado bilateral en la materia refiere que solamente se concederá la extradición ante pruebas suficientes.

“Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, apuntó.

Por otra parte, añadió que la propia petición estadounidense requiere que México tome las medidas necesarias para asegurar que la información en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición no sea divulgada ni se haga del dominio público.

“Como ocurrió con este caso en particular, por propio dicho de las autoridades estadounidenses”, agregó en alusión a que el Departamento de Justicia del aquel país difundió la acusación.

Expresó que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan. Por otra parte, afirmó que la legislación mexicana detalla que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.

La FGR consideró fundamental cumplir cabalmente con la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, pues “de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables”.

Medios de prensa publicaron este miércoles que el ⁠Departamento de ⁠Justicia estadounidense presentó cargos contra el gobernador ⁠del norteño estado de Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y exfuncionarios, por una supuesta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

La Cancillería anunció que recibió las solicitudes de extradición de Estados Unidos, pero señaló que en los documentos no se anexan pruebas.

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