“Hemos encontrado que el producto importado no cumplía con las especificaciones de calidad y problemas en el precintado de tanques. También hemos hallado que no se proporcionaron los certificados de calidad de algunos lotes importados”, aseguró la autoridad.
Genuzio sostuvo que, al menos inicialmente, se puede concluir que el origen del problema estuvo en la gasolina importada.
Desde enero último, miles de choferes particulares y transportistas comenzaron a denunciar graves daños en sus motores a causa de la mala calidad del carburante importado y distribuido, lo cual originó grandes gastos en su reparación.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz lo negó en un principio, aunque el 3 de febrero reconoció que, efectivamente, se comercializó lo que denominó “gasolina desestabilizada” y que la población bautizó como “gasolina basura”.
En medio del incremento de las protestas de los afectados, inicialmente el Ejecutivo informó que el problema fue aislado y que se limitó a dos tanques de almacenamiento y mezcla de gasolina con etanol, donde se detectaron niveles superiores de goma y manganeso.
Más tarde, se denunció un complot interno y contaminación en las cisternas que transportan el combustible desde Chile, en una atmósfera de “conspirología”, sin presentar culpables.
“En una primera instancia -informó Genuzio-, podemos llegar a esa conclusión (problemas en el combustible importado), pero también ha habido observaciones en tanques precintados (…)”.
Añadió tras un informe ante la Comisión Especial de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados que tras comprobar esa situación se procedió “(…) a precintarlos, porque no cumplían con la calidad de la gasolina establecida en la norma”.
Responsable del área adscrita al Ministerio de Hidrocarburos, Genuzio informó que solicitó un reporte complementario a YPFB como parte de las investigaciones iniciadas para esclarecer el caso.
De su lado, la presidenta de la Comisión legislativa Especial de Hidrocarburos, Ximena Arizpe, confirmó que la viceministra entregó documentación sobre los controles de calidad y señaló que el Ministerio Público investiga a 26 funcionarios de YPFB por este hecho.
Las autoridades gubernamentales aseguran que el problema del “combustible basura” ya fue rebasado, sin embargo, los transportistas amenazan con un paro nacional para el martes próximo, debido a los daños sufridos por sus motores y a que la mayoría de los integrantes del gremio no han recibido la compensación prometida por los gastos erogados en su reparación.
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