A una convocatoria del presidente de la República, José Raúl Mulino, el legislativo inicia este lunes 4 de mayo sesiones extraordinarias por un mes para evaluar esta y iniciativas prioritarias.

Según explicó a la prensa el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien antes explicó el proyecto ante los diputados que integran la Comisión de Comercio, la norma contribuiría a que Panamá salga de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

Los cambios están dirigidos, según el funcionario, a modernizar el régimen del impuesto sobre la renta, reforzar el principio de territorialidad y elevar los estándares de transparencia en el sistema tributario panameño.

El proyecto de ley establece que las entidades de grupos multinacionales deberán acreditar sustancia económica en el país para que sus rentas pasivas de fuente extranjera mantengan el tratamiento fiscal vigente.

La propuesta refuerza el principio de territorialidad y busca desincentivar el uso de estructuras sin esquemas corporativos que no generan operaciones ni valor económico real en el territorio nacional.

La normativa incorpora un conjunto de medidas más estrictas de control, entre ellas una cláusula antiabuso que faculta al Estado a desconocer mecanismos o estructuras cuyo propósito principal sea obtener ventajas fiscales indebidas.

Además las entidades deberán reportar anualmente, dentro de su declaración jurada del impuesto sobre la renta, tanto las rentas pasivas obtenidas como los elementos que acrediten el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica.

Esta exigencia aplica tanto para quienes generen rentas de fuente panameña como para aquellas que obtengan exclusivamente ingresos pasivos del exterior.

El proyecto también fortalece los mecanismos de verificación del Estado, otorgando mayor capacidad institucional para supervisar el cumplimiento normativo bajo un esquema de reglas claras, equitativas y previsibles.

Otro de los ejes clave de la reforma es la actualización del concepto de establecimiento permanente, ampliando los supuestos bajo los cuales una empresa extranjera se considera operando en Panamá.

Las autoridades sostienen que esta reforma responde a la necesidad de que Panamá avance hacia un modelo fiscal más transparente y competitivo, en medio de su permanencia desde 2021 en la lista discriminatoria de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, lo que implica riesgos para la inversión y la reputación del país.

El Ejecutivo plantea en la norma que su aprobación enviará una señal clara a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con la transparencia, la cooperación y la prevención de prácticas fiscales perjudiciales.

De otra parte, se promueve un cambio en el perfil de inversión hacia estructuras con presencia económica real, generación de empleo calificado y mayor valor agregado.

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