La iniciativa, impulsada por el diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) modifica la Ley 304 de 2022 y cambia las reglas para la protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados en la provincia Bocas del Toro.

Hasta ahora, la ley prohibía cualquier construcción o intervención en esos ecosistemas, pero con la reforma aprobada, los pastos marinos y sus zonas asociadas salen del régimen de prohibición absoluta y pasan a una zona gris: será el Ministerio de Ambiente quien decida, mediante reglamentación futura, qué actividades se podrán realizar en ellos y cuáles no.

En cuanto a los arrecifes coralinos, se mantiene la restricción, pero ya no frente a cualquier actividad que los afecte, sino únicamente aquellas que generen un daño directo y comprobable, un matiz que abre la puerta a interpretaciones.

La abogada Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental, señaló que una ley que costó dos años de discusión, su reforma fue introducida y aprobada en cuestión de meses, sin el mismo nivel de consulta.

“Es una regresión respecto al nivel de protección que antes habíamos alcanzado», advirtió Ábrego, quien informó que más de dos mil personas y organizaciones ya han firmado el rechazo a los cambios.

Sin embargo, Robinson aseveró que la norma no elimina la protección ambiental, sino que la adapta a la realidad de las comunidades que viven del mar en Bocas del Toro.

Según el legislador, la Ley 304 generó conflictos prácticos con el turismo, el buceo y la pesca artesanal, y la reforma busca un equilibrio entre conservación y desarrollo económico.

También Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio, indicó que en Bocas del Toro se construye sobre el mar, y la prohibición anterior hacía inviable buena parte del desarrollo de la región.

Por su parte, el diario Bayano Digital aseguró que el supuesto poder del Ministerio de Ambiente para decidir qué actividades son permitidas en esas áreas no es más que un disfraz. Sin duda, ello ofrece una oportunidad para que la supuesta transparencia gubernamental quede en entredicho.

La realidad es que en Panamá el negocio está privilegiado por encima de la naturaleza. El retroceso ambiental está disfrazado de desarrollo turístico, según subraya un reciente artículo que firma el periodista Alberto Velázquez.

Los diputados que aprobaron la aludida iniciativa parlamentaria, agrega ese informe, ignoran —o fingen ignorar— que los arrecifes son vitales para la protección costera y sostienen la pesca de especies como el pargo y el cazón.

A juicio del analista, el Legislativo, una de las instituciones más desprestigiadas de la actual administración, está integrada en su mayoría por individuos que la opinión pública repudia.

En vez de construir, destruyen. Ese proyecto de Ley contra los arrecifes y los pastos marinos es prueba de ello. La población debe saber que este país puede pasar de la protección a la depredación ambiental, concluye.

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