Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

Los críticos de esta normativa la consideran solo beneficiosa para la oligarquía del negocio agroindustrial y advierten que constituye una puerta abierta a la expansión del latifundio.

El ángulo más combativo de este triángulo ganó protagonismo este miércoles desde el epicentro político del país, la Plaza Murillo, donde los indígenas y campesinos que, en casi 30 días recorrieron 100 kilómetros en busca de la abrogación de esa normativa, repudiaron a la facción de la Csutcb encabezada por Víctor Hugo Roca, tras el anuncio de un acuerdo con el Gobierno a espaldas de ellos.

En airadas declaraciones al canal Abya Yala, líderes masculinos y femeninos de los marchistas reiteraron que desconocían la firma de ese entendimiento en la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), sin su presencia.

Advirtieron que, desde ahora, desconocerían la autoridad de Roca por su traición a los indígenas, campesinos, ancianos, mujeres y niños que por casi 30 días se desplazaron desde las llamadas tierras bajas (los departamentos de Pando y Beni) hasta el altiplano paceño.

Reiteraron que no se retirarían de La Paz hasta que la normativa sea derogada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y amenazaron con incrementar las medidas de presión, incluida la huelga de hambre. Un segundo ángulo del problema reflejaron Roca y sus acompañantes (identificados como “dirigentes de la Csutcb”), quienes afirmaron que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y autoridades del Órgano Legislativo para abrogar la ley de reconversión de tierras.

Según informaron, tras una reunión con el presidente Rodrigo Paz, ministros y los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, ellos dieron por hecho el acuerdo a partir de un “acta de coordinación”.

Pese a que el Gobierno no dio una versión oficial, el vocero presidencial José Luis Gálvez sostuvo en rueda de prensa que el tema “está en manos del legislativo”.

El texto difundido por los dirigentes de la Csutcb, repudiados por los marchistas contra la Ley 1720, expresa que “el hermano presidente Rodrigo Paz, en presencia de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, se compromete a realizar las gestiones ante la ALP para la abrogación de la Ley 1720 (…)”.

Asimismo, admite la promesa de “(…) trabajar un nuevo proyecto de ley, el cual será elaborado con la participación de todas las partes involucradas”.

Según la cadena RTP, “el Gobierno y los legisladores se comprometieron a elaborar una nueva normativa con participación de los sectores campesinos, y que esta no afecte las tierras comunitarias de origen”.

LOS OLIGARCAS DEL ORIENTE

Hacia la derecha del triángulo, un nuevo foco de tensión encara el Gobierno, después que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en estado de emergencia para defender la Ley 1720 y exigir la abrogación del decreto 5613.

En conferencia de prensa, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, advirtió este martes que los hacendados cruceños no permitirán la abrogación de la Ley 1720 y convocó a autoridades nacionales y subnacionales a respaldar esta posición.

“El sector agropecuario cruceño se declara en emergencia. No podemos permitir la abrogación de la ley 1720. Necesitamos la abrogación del decreto 5613”, afirmó de manera tajante.

La normativa 5613, en tanto, fue aprobada por el Ejecutivo con la intención de atenuar la inconformidad de cientos de manifestantes indígenas y campesinos, quienes tras 28 días de marcha llegaron a La Paz con la exigencia de que sea abrogada la 1720.

Según explicó el propio presidente, Rodrigo Paz, el decreto supremo 5613 reconoce el derecho sobre la pequeña propiedad agraria y dispone la dotación ágil de tierras en Beni y Pando.

La 1720 es también conocida como la Ley (Branko) Marinkovic, en referencia al terrateniente y ahora senador del mismo nombre, quien fue su principal impulsor y logró que, en tiempo récord, las dos cámaras de la ALP la aprobaran y que el mandatario la promulgara ante los grandes hacendados cruceños.

El 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Agroambiental (TA) anuló varias resoluciones que otorgaban 33 mil hectáreas a la familia Marinkovic, por lo cual esos predios pasaron a dominio del Estado.

Tal expediente surgió en 2020, cuando la Fundación Tierra denunció que el Gobierno de Jeanine Añez (2019-2020) emitió de manera irregular resoluciones de titulación de dos predios a favor de los Marinkovic, lo cual implicaría un uso indebido de influencias tomando en cuenta que entonces el ahora senador era ministro.

Los predios en cuestión eran los denominados Tierras Bajas del Norte, de 21 mil hectáreas, y Laguna Corazón, de 12 mil, ubicados en el departamento de Santa Cruz.

Según informó entonces el TA al anular las resoluciones que beneficiaban a los Marinkovic, el Viceministerio de Tierras presentó dos demandas respecto a esos predios.

Con esas medidas, esas 33 mil hectáreas debían pasar a ser fiscales, o sea, del Estado.

Marinkovic fue dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (2007-2009) y ministro de Economía (2019-2020) en el Gobierno de Jeanine Añez.

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