El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró también responsable a Estefanía Molina, encargada del manejo económico de la campaña presidencial de 2023, y rechazó el recurso de apelación presentado por los sancionados.
La denuncia fue presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, tras determinar que no fueron subsanadas varias observaciones a la rendición de cuentas del binomio presidencial.
Según la sentencia, existieron inconsistencias no justificadas, entre ellas la apertura tardía de cuentas bancarias y del registro tributario, aportes sin respaldo documental por seis mil 400 dólares y propaganda electoral no reportada por un valor estimado en 174 mil 930 dólares.
Los jueces señalaron que la responsabilidad de los entonces candidatos se deriva de su obligación de supervisar el origen y uso de los recursos empleados en la campaña.
El tribunal dispuso, además, remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles delitos relacionados con el origen de los aportes y la publicidad no declarada.
La asambleísta Viviana Veloz, de la RC, expresó su solidaridad con González y Arauz y afirmó que la sentencia confirma que la justicia electoral actúa, a su juicio, sometida a las órdenes del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
La legisladora sostuvo que el silencio frente a este tipo de decisiones convierte a quienes no se pronuncian en aliados del autoritarismo y en cómplices del deterioro de la democracia ecuatoriana.
Igualmente, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador y líder de la RC, calificó de “escandalosa” la resolución y cuestionó que la sanción recaiga sobre la responsable financiera y no sobre el exasambleísta Santiago Díaz, quien fue jefe de la campaña de hace tres años.
Díaz actúa como colaborador de la Fiscalía en el denominado caso Caja Chica, que investiga supuestos aportes irregulares a la RC.
Este viernes, un tribunal penal lo sentenció a 29 años y cuatro meses de prisión por la violación de una adolescente de 12 años.
Correa sostuvo que la decisión del TCE constituye una nueva evidencia del uso selectivo de las instituciones del Estado para debilitar a la RC, principal fuerza de oposición al gobierno del presidente Daniel Noboa.
El fallo se conoce mientras la RC enfrenta otros procesos legales, incluida una suspensión temporal que le impide participar con su propio registro en las elecciones seccionales del 29 de noviembre próximo, aunque el partido anunció que postulará sus candidatos en alianza con otras organizaciones.
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