Así lo manifestó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, luego que el armador de Galicia anunciara acciones contra Uruguay a través del tribunal de la Cámara Internacional de Comercio.

Ello luego que el Ejecutivo uruguayo denunciara penalmente a la empresa española por incumplimiento de contrato y estafa en la garantía presentada por la construcción de los buques.

“Estamos con mucha tranquilidad, porque el camino que recorrió el gobierno fue el camino apegado al derecho”, señaló Sánchez.

La víspera el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se reunió en forma remota con el estudio Uría Menéndez, contratado por el gobierno para hacer frente a este arbitraje y considerado en el Ejecutivo como uno de los bufetes más importantes de España.

La «tranquilidad» del gobierno responde al convencimiento de que «no corresponde» jurídicamente que este desacuerdo se dirima en un tribunal extranjero.

Quedó pactado por contrato que los asuntos jurídicos que no tengan que ver con las cuestiones técnicas o del proceso constructivo deben resolverse en tribunales uruguayos, según el artículo 38 del contrato, afirman fuentes de prensa.

En marzo de este año, el astillero español optó por retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, como paso previo a entablar una demanda civil.

Esto ocurrió después de que, en febrero, el presidente Yamandú Orsi confirmara en una conferencia de prensa la rescisión del contrato y, al mismo tiempo, anunciara que el gobierno iniciaría “acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”.

La construcción de las dos patrulleras estaban pactadas a un costo de 82 millones de euros, de los cuales el Estado uruguayo ya pagó 28 millones por la construcción parcial de la primera de las embarcaciones en medio, además, de incumplimiento del cronograma constructivo pactado.

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