Representantes de los enfermos y activistas acudieron este lunes a la Asamblea Nacional (Parlamento) y allí pidieron a los legisladores que fiscalicen al Gobierno del presidente Daniel Noboa y al Ministerio de Economía y Finanzas por la falta de desembolsos.

Fernando Vega, vocero de los pacientes, señaló que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) adeuda 998 mil dólares al convenio suscrito con la Fundación Cáritas del Vicariato Apostólico de Aguarico, entidad que administra el proyecto que financia los tratamientos.

“Es lamentable tener que salir aquí a la capital, a la Asamblea Nacional para exigirles a los asambleístas que hagan el trabajo que el pueblo les encargó en la campaña electoral”, afirmó Vega.

El representante explicó que muchos pacientes viven en comunidades fronterizas con Perú y deben viajar durante dos días por el río Napo para llegar a Francisco de Orellana y luego trasladarse a ciudades como Quito, Ambato o Loja, donde reciben atención oncológica especializada.

Nosotros como pacientes de cáncer ya no podemos trabajar, necesitamos ese recurso, dijo Vega, quien agregó que desde octubre pasado han fallecido 30 personas por la falta de continuidad en los tratamientos.

Por su parte, Adán Santana Ortiz, otro representante de los pacientes, vinculó el aumento de enfermedades con la contaminación derivada de la actividad petrolera y minera, y sostuvo que gran parte de la población consume agua de ríos y pozos presuntamente contaminados.

“No pedimos limosna, exigimos un derecho”, expresaron los manifestantes durante el plantón realizado en los exteriores del Legislativo, a donde acudieron con pancartas y consignas.

Estas denuncias coinciden con cuestionamientos al sistema sanitario público en Ecuador, donde pacientes y profesionales de la salud reportan desabastecimiento de medicinas e insumos, así como falta de presupuesto para el sector.

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