El conflicto escaló incluso hasta que el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que podría acudir al principio de reciprocidad de las relaciones internacionales.

Ante el reclamo de su par tica Laura Fernández y la decisión expresada de manera pública a partir de un fallo de 2025 de la Organización Mundial el Comercio (OMC) sobre exigir que se anule la prohibición del ingreso al istmo de rubros agropecuarios, Mulino señaló que mientras permanezca ese litigio, Panamá no venderá energía eléctrica a su vecina nación.

En ese sentido, precisó que dio instrucciones al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, de responder en esos términos y evaluar con cuidado el asunto de cara a un próximo encuentro con autoridades energéticas de San José.

Mulino, quien asistió a la investidura de Fernández, el pasado 8 de mayo, confirmó a los medios informativos que fue el primer sorprendido con la reciente reacción de la flamante mandataria; y recordó que con el expresidente Rodrigo Chaves(2022-2026), quien le había solicitado no apelar ante la OMC y se iniciaran conversaciones sobre el asunto.

En ese entonces y ahora, dijo, mi deber es defender los derechos de los productores y los panameños, en general. También la cancillería local emitió un comunicado en el que señala que «diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá».

La diplomacia en su mensaje subraya que el país ha privilegiado permanentemente el diálogo pero también solicitó evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios, a las cuales Costa Rica posteriormente decidió no someterse.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó mediante el pronunciamiento que «el recurso de apelación presentado por Panamá ante la OMC constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el sistema multilateral de comercio y debe entenderse dentro del marco institucional y jurídico internacional».

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) anunció su total respaldo al Gobierno para que ejecute todas las medidas legales, diplomáticas y comerciales necesarias en defensa de los sectores productivos locales.

Según el mayor gremio del empresariado privado, Panamá se encuentra facultado para exigir reciprocidad y equilibrio en un intercambio comercial que históricamente ha mostrado asimetrías.

El titular de la Cciap, Aurelio Barría, recordó que en el pasado ambas naciones estructuraron espacios de entendimiento y redactaron borradores de convenios para solucionar el diferendo.

Sin embargo, estos esfuerzos resultaron desestimados, provocando la pérdida de oportunidades para encauzar la crisis por una vía constructiva.

Esta posición unifica el criterio del sector privado con la estrategia del Ejecutivo, preparando el terreno para la aplicación de mecanismos de retorsión o reclamos formales ante los organismos regionales de comercio si fracasan las vías de diálogo.

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