Según explicó la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mintic), Carina Murcia, el proyecto de decreto busca consolidar una política pública basada en la prevención, la educación digital y la corresponsabilidad entre el Estado, las plataformas digitales, la industria tecnológica, las familias y las instituciones educativas.

Apuntó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los más pequeños, pero también en lo relacionado con la articulación con plataformas, núcleos familiares, academia y toda la sociedad, con el objetivo de tener un ciberespacio más seguro, saludable y responsable para las nuevas generaciones.

“No podemos normalizar que niños y niñas pasen entre ocho y 10 horas expuestos a riesgos como el ciberacoso, el grooming (engaño con fines pederastas), la vulneración de su privacidad o expuestos a contenidos que afectan su salud mental y su bienestar”, argumentó.

La norma, explicó, incorpora garantías para proteger derechos fundamentales, no crea censura previa ni habilita vigilancia masiva, y tampoco debilita el cifrado de las comunicaciones.

De acuerdo con el Mintic, estudios y cifras de entidades como Unicef y la Organización Mundial de la Salud revelan la urgencia de avanzar en este tipo de políticas públicas.

Reveló que el 21 por ciento de los niños, niñas y adolescentes usuarios de Internet en Colombia sufrió abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología entre 2023 y 2025 (Unicef Colombia), mientras que fenómenos como el ciberacoso y la violencia digital continúan afectando la salud mental y el bienestar emocional de menores de edad.

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