Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe de Prensa Latina
Entrevistadas por Prensa Latina en el lecho donde desde el viernes último se sostienen solo mediante la masticación de hojas de coca, Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca coincidieron en que la normativa que ahora se pretende derogar cierra el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
“Hemos visto cómo la Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios este domingo en la ciudad de Sucre el proyecto derogatorio, y ahora se pretende que este martes los diputados le den su visto bueno”, dijo Huanca a esta agencia de noticias.
Explicó que la Ley 1341 nació de un informe de la Comisión internacional de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba y Huayllani.
Afirmó que la 1341 es complementaria de los artículos 138, 139 y 140 de la Constitución política del Estado, los cuales en su cuerpo legal indican el proceder de las autoridades estatales hacia la declaratoria de un Estado de excepción.
“La Ley 1341 indica que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía fue rebasado -acotó Huanca-, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad».
Informó que las huelguistas consideran que al pretender abrogar la Ley 1341 se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos como el fuero sindical, además del uso abusivo y excesivo de los instrumentos represivos del Estado.
“Es lo que hemos vivido en las últimas semanas ante las protestas y bloqueos de los sectores populares con los denominados corredores humanitarios en los cuales ya se reportan cinco muertos, decenas de detenidos y heridos”, criticó la huelguista.
Indicó que, desde su lecho de huelga, las tres, llaman al presidente Rodrigo Paz a que no destruya el Estado Plurinacional, no asuma medidas que calificó de proimperialistas y que puedan destruir derechos civiles y políticos.
En tal sentido, llamó a los diputados bolivianos a que este martes “no respalden un proyecto de normativa que apunta contra el espíritu d elos pueblos quechua, aymara y de lo plurinacional”.
Las tres denunciaron que está en preparación un plan para generalizar la represión, después que el Senado aprobó este domingo la abrogación de la Ley 1341, que bloquea la declaratoria de estado de excepción y cierra el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
Tal proyecto fue respaldado en Sucre, departamento de Chuquisaca, por más de dos tercios de los senadores y fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión al detalle este martes.
Por su parte, en un comunicado entregado a Prensa Latina, la Defensoría del Pueblo aclaró que las tres féminas entraron a su sede y se declararon en huelga de hambre, decisión que responde exclusivamente a determinaciones de carácter personal y no involucra ni representa una acción institucional.
“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una actuación independiente, imparcial y orientada a generar espacios de diálogo y entendimiento (…)”, concluye el documento.
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