La decisión responde a denuncia penal presentada por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.

Hay otros represores que están en proceso de suspensión. En total son 10 prófugos a los que se le podría replicar esta cancelación.

La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad había denunciado penalmente a principios de mayo que los exmilitares Roberto Freddy Amorín Maciel, Tabaré Camacho y Jorge Grau estaban prófugos en el exterior y seguían cobrando pensión.

En los tres casos existe la presunción de delitos de fraude, encubrimiento, desacato y violación de deberes inherentes a la función pública.

«El Servicio de Pensiones y Retiros pese a los informes del Poder Judicial, no solo no exigieron certificado de vida y no solo se constituyeron en el domicilio, además le siguieron pagando como si nada». Entendemos que eso es pasible de ser investigado», dijo Perciballe.

Además, según el fiscal, la Cancillería de la República fue puesta en conocimiento de que «hubo dos cónsules que pese a tener conocimiento de que (los exmilitares) estaban prófugos, también dieron el certificado de existencia de vida».

El pasado 11 de febrero el consulado en Miami expidió al exmilitar de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) Amorín Maciel una constancia de vida «para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar».

Maciel tiene orden de captura nacional e internacional. Está investigado por la desaparición del militante comunista Arpino Vega en 1974, así como por torturas en la base de Boiso Lanza de la FAU.

La cancillería abrió un procedimiento administrativo al Consulado miamense.

Hace unos días el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista de Uruguay, presentó un proyecto de ley para suspender el pago de la jubilación a los militares con orden de detención o declarados en rebeldía en causas judiciales.

mem/ool