El anuncio realizado por el Departamento de Estado norteamericano sobre esa medida, que entrará en vigor el 5 de junio, ocurre después de meses de reportes de prensa sobre la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump avanzara con esa designación.

La acción, dada a conocer la víspera, fue interpretada como parte de una escalada de presión política y diplomática de Washington en pleno año electoral brasileño.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó ese paso con el argumento de que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) representan amenazas a la seguridad regional y mantienen operaciones internacionales.

Pero especialistas citados por la prensa brasileña recordaron que Washington ha utilizado en otros escenarios la clasificación de terrorismo para justificar sanciones, bloqueos financieros e incluso acciones militares fuera de su territorio.

Las críticas también apuntan a la familia del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), acusada de utilizar contactos en Estados Unidos para promover la designación.

El pasado martes, tras reunirse con Trump en la Casa Blanca, el senador Flávio Bolsonaro dijo a la prensa que abordó el tema con él y que le pidió avanzar con la clasificación de las facciones como organizaciones terroristas.

Según organizaciones periodísticas brasileñas, aliados del entorno bolsonarista ya habían realizado gestiones en Washington para defender esa acción, presentada como uno de los ejes de campaña del legislador y precandidato presidencial.

Desde el entorno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, su asesor especial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, criticó la postura de Washington y manifestó que «la cooperación es bienvenida, pero el pretexto para la intervención es inaceptable».

Por su parte, la diputada y exministra de Relaciones Institucionales Gleisi Hoffmann acusó directamente a la familia Bolsonaro de ser «traidores a la patria» y estimular una injerencia de Estados Unidos en asuntos internos brasileños.

Mediante una publicación en la red social X, Hoffmann aseguró que “la ofensiva de Estados Unidos hoy no es contra el crimen, es contra nuestra soberanía”, y defendió que el combate a las facciones debe realizarse mediante las instituciones nacionales y no bajo tutela extranjera.

En esa misma línea, el diputado Lindbergh Farias afirmó que sectores bolsonaristas “actuaron para entregar la soberanía de Brasil a Trump”.

Según el legislador, esta movida estadounidense abre espacio para sanciones financieras, presiones diplomáticas y posibles operaciones de inteligencia con alcance extraterritorial sobre empresas, bancos y ciudadanos brasileños.

Analistas citados por CNN Brasil, Globo y Poder360 indicaron que la principal preocupación del Gobierno son las implicaciones jurídicas y geopolíticas de la legislación antiterrorista estadounidense.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública alertó igualmente sobre impactos potenciales en el sistema financiero y en sectores económicos sensibles, debido al riesgo de sanciones indirectas o restricciones bancarias internacionales.

La controversia ocurre además en un contexto de creciente tensión política en Brasil, donde la seguridad pública se perfila como uno de los temas centrales de la campaña presidencial de cara a las elecciones del 4 de octubre próximo.

Para Gilberto Maringoni, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC, si bien Estados Unidos ha tomado medidas similares en otros países, en el gigante sudamericano tiene peso el detonante de las elecciones.

En declaraciones a Brasil de Fato, el académico consideró que, con esta clasificación, Trump decidió impulsar la candidatura de Flávio Bolsonaro, porque este último va a decir que recibió ayuda de la administración estadounidense para combatir a las organizaciones criminales.

Desde su punto de vista, se trata de una maniobra para reincorporar al senador a la carrera tras las revelaciones sobre Banco Master.

Los reportes a los que hace referencia Maringoni vinculan a Flávio Bolsonaro con el exbanquero Daniel Vorcaro, quien actualmente se encuentra preso en medio de una investigación por presuntos fraudes financieros, corrupción y organización criminal.

Por eso, para diversos sectores políticos y académicos brasileños, la posición de Washington trasciende el combate al crimen organizado y se inserta en una disputa geopolítica y electoral más amplia, marcada por las tensiones sobre el papel de Estados Unidos en América Latina. rob/mar