El dictamen –avalado en lo general con 87 votos a favor y 40 en contra, y en lo particular, con el apoyo de 86 legisladores y el rechazo de 40- fue remitido a los 31 congresos de los estados y al parlamento de la Ciudad de México para su consideración.

Durante la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), explicó que el propósito de aplazar los comicios es permitir que la ciudadanía tenga mayor participación y dar tiempo para perfeccionar el marco normativo.

Se busca, agregó, que el proceso cuente con más certeza, transparencia, eficiencia y legitimidad democrática.

Por el opositor Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes descalificó las modificaciones en materia judicial, al señalar que el gobierno supuestamente intenta corregir errores de la reforma anterior.

Al referirse a las críticas de la oposición, la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Rocío Corona, aseguró que estas responden a la pérdida de privilegios y mecanismos de influencia dentro del Poder Judicial, como cuotas políticas, favoritismos y “padrinazgos”.

Recordó que la reforma aspira a terminar con prácticas que durante años permitieron el acceso a cargos judiciales por relaciones personales y no por méritos profesionales.

A juicio de Lizeth Sánchez (Partido del Trabajo), lo que realmente incomoda a la oposición es que hayan perdido el monopolio que durante años tuvieron sobre el Poder Judicial.

“Esta reforma no elimina la preparación técnica ni la exigencia profesional, lo que hace es abrir el Poder Judicial a la ciudadanía y romper la idea de que la justicia debe permanecer encerrada y alejada de la gente”, subrayó.

La iniciativa para aplazar la elección judicial, presentada por el Ejecutivo, busca también evitar procesos engorrosos, pues de celebrarse en 2027, los ciudadanos habrían tenido que votar por gobernador, alcaldes o diputados en una casilla, y luego moverse a otra para hacerlo por los jueces.

En la reforma sobresale, asimismo, la simplificación de la boleta electoral, la capacitación permanente obligatoria de todos los jueces y magistrados, y el reforzamiento de criterios para que las elecciones judiciales de los estados repliquen las reglas establecidas para la federación.

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