La reacción del Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocurrió tras el anuncio de Washington de incluir a ambas entidades en su unilateral lista sobre este asunto a partir del próximo 5 de junio.
De acuerdo con la administración brasileña, corresponde de manera exclusiva al gigante sudamericano definir cómo combate y clasifica al crimen organizado dentro de su territorio,
Tales facciones criminales no encajan en la definición jurídica de terrorismo prevista en la legislación nacional, pues actúan con motivaciones económicas y de control territorial, no ideológicas, puntualizó la determinación oficial.
Por otra parte, alertó sobre posibles implicaciones en la soberanía nacional pues consideró que la decisión norteamericana puede abrir espacio para presiones políticas, financieras y diplomáticas sobre instituciones brasileñas.
Además, agregó, de servir como argumento para eventuales formas de intromisión externa.
El asesor especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, criticó la medida adoptada por Washington y manifestó que un pretexto para la intervención es inaceptable.
Sostuvo que la cooperación internacional en materia de seguridad pública puede ser positiva, especialmente en áreas como el combate al lavado de dinero y al tráfico ilegal de armas, pero remarcó que existen límites que deben respetar la soberanía.
Amorim insistió en que el crimen organizado representa un problema serio para Brasil y América latina, pero consideró contraproducente equiparar automáticamente esas estructuras criminales con organizaciones terroristas.
El gobierno brasileño recordó además que Lula propuso recientemente ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos en temas como inteligencia policial, combate al tráfico de armas y operaciones financieras ilícitas vinculadas a criptomonedas.
Sectores del Ejecutivo, divulgaron reportes de prensa, interpretan la decisión estadounidense como una divergencia jurídica y política con Brasilia, agravada tras reuniones en Washington entre el senador opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Donald Trump.
Aspirante a la presidencia, Flávio Bolsonaro reconoció públicamente haber solicitado a la Casa Blanca que clasificara al PCC y al CV como organizaciones terroristas.
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