Durante su Informe a la Nación, efectuado el domingo 24 de mayo, el mandatario afirmó que en tres semanas llegarían al país fármacos comprados a India en un acuerdo de “gobierno a gobierno”.
Representantes de organizaciones de pacientes expresaron preocupaciones por la nueva compra y advirtieron que podría agravar el desabastecimiento y retrasar tratamientos.
Durante su rendición de cuentas anual, el gobernante también señaló que el Ejecutivo se encargará de la ampliación del Metro de Quito, obra que se encuentra actualmente en el centro de la disputa política entre el Gobierno central y el municipio capitalino, liderado por Pabel Muñoz, de oposición.
Si bien Muñoz pretende extender el sistema de transporte, el proyecto depende de requisitos que permanecen pendientes en instituciones de la administración central, entre ellos el llamado aval soberano del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ese documento permitiría a la alcaldía acceder a financiamiento internacional para ejecutar la ampliación del sistema de transporte más moderno del país que, según asambleístas oficialistas, cuenta con irregularidades en contratos de mantenimiento.
Por otro lado, Noboa anunció la eliminación a partir del 1 de junio de los aranceles impuestos a productos colombianos, luego de dialogar este viernes con el candidato presidencial del país vecino Abelardo de la Espriella.
Aún las autoridades ecuatorianas no han aclarado si el fin de la aplicación de la denominada “tasa de seguridad” se mantendrá en caso de que de la Espriella quede fuera de un balotaje o pierda las votaciones en Colombia, donde este 31 de mayo tendrá lugar la primera vuelta electoral.
La cancillería colombiana afirmó que la “intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático.
Otro de los asuntos que ocupó titulares esta semana fue la situación carcelaria en Ecuador, donde familiares de reclusos, abogados y representantes de organizaciones civiles denunciaron hechos de tortura, abuso sexual y graves violaciones a los derechos humanos.
Ana Morales, del Comité de Familiares Por una Vida Digna, aseguró que existen brotes de tuberculosis en varios centros penitenciarios, incluida la Cárcel del Encuentro, prisión de máxima seguridad insignia del Ejecutivo, cuyos funcionarios niegan los problemas sanitarios.
“Las cárceles hoy en día son centros de exterminio estatal”, expresó Morales, quien mencionó falta de agua, restricciones de visitas, escasez de medicamentos y condiciones degradantes para los internos.
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