Tal punto de vista cuenta este martes con el respaldo del exsenador y excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, quien propuso adelantar ese ejercicio en las urnas para frenar el conflicto social.
Por su parte, el abogado independiente Guido Calcina coincidió con esa propuesta y añadió la pregunta que, en su criterio, se debe hacer a la población; mientras que el economista Gonzalo Colque sugirió un referéndum ordinario basado en la Ley 026, debido a que no se puede llamar a un revocatorio, pues la normativa establece que este paso se debe realizar a la mitad del mandato de una autoridad electa.
El mandatario Paz asumió la presidencia el 9 de noviembre último.
Partidario de las políticas tradicionalmente calificadas “de derecha”, Alarcón propuso este lunes la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En sus redes sociales, el diputado afirmó que la actual confrontación entre el Gobierno y los sectores movilizados que piden la renuncia de Paz mantiene a Bolivia en un “callejón sin salida”, y advirtió que la violencia no puede convertirse en una vía para cambiar autoridades.
Añadió Alarcón que si la mayoría vota por mantener a las autoridades, estas concluirían su mandato en 2030, pero en caso de imponerse la revocatoria, se convocaría a nuevas elecciones generales.
En su criterio, el Órgano Legislativo no puede permanecer al margen mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de los bloqueos.
Calificó de “estancado” el diálogo impulsado por el Ejecutivo debido a que los sectores movilizados mantienen como principal exigencia la renuncia del mandatario Paz.
Asimismo, recordó que la ALP abrogó recientemente la Ley 1341 que limitaba las facultades de la Policía y el Ejército en la represión durante las situaciones de crisis, decisión de la cual fue uno de los principales impulsores.
La Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019, en Senkata, Sacaba, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertes.
Dentro de otras limitantes para el poder, establecía que las Fuerzas Armadas pueden salir solo cuando el potencial de la Policía es rebasado, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad.
Como antecedente directo, la Ley 1341 tuvo el decreto supremo 4078 (conocido como “de la muerte”), rubricado por la gobernante Jeanine Áñez cinco días después del derrocamiento del entonces presidente Morales el 10 de noviembre de 2019, que exoneraba de toda responsabilidad penal a policías y militares por cualquier exceso en la represión.
Resultado directo de esta decisión fueron los acontecimientos de Sacaba, Senkata, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados, según el informe del GIEI.
Este lunes, el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, afirmó en conferencia de prensa que la única opción para alcanzar una salida viable es insistir en el diálogo, a 32 días del inicio de estas medidas de presión convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB).
Desde esa convocatoria, no cesan las marchas y cierres de puntos neurálgicos en rutas del occidente, valles y algunas zonas del oriente, según la Administradora Boliviana de Carreteras
Convergen en estas medidas de presión los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros, gremiales y transportistas.
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