La normativa, denominada oficialmente “Alertas RD”, establece un mecanismo para localizar a desaparecidos mediante la participación coordinada de instituciones estatales, medios de comunicación y plataformas digitales.

Según la norma, la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán activar el aviso de manera inmediata tras recibir una denuncia de ausencia o detectar una situación de peligro inminente, sin que transcurran más de 24 horas desde el reporte.

El sistema contempla distintas categorías de notificación: La Alerta Amber estará destinada a niños y adolescentes; la Alerta Silver a adultos mayores de 65 años; la Alerta Azul a personas con discapacidad física o mental; y la Rosa a mujeres víctimas de violencia de género o trata de personas.

Los avisos de búsqueda tendrán una vigencia inicial de cinco días, prorrogable cuando las circunstancias lo requieran, y serán difundidas mediante medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines oficiales.

La legislación también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada administrada por la Policía, que incluirá información sobre las víctimas y el estado de las investigaciones, con garantías para la protección de la privacidad.

Asimismo, establece el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrado por representantes de organismos de seguridad, justicia, salud y protección social, encargado de coordinar y supervisar la aplicación de la norma.

La iniciativa prevé sanciones para los funcionarios que omitan información u obstaculicen los procedimientos establecidos en casos de paradero desconocido.

Con la entrada en vigor de la Ley 25-26, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección de ciudadanos en esa situación, especialmente de menores y adultos mayores, de acuerdo con la versión oficial.

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