Los operativos realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) en la etapa, al sacar de las calles esa cantidad de artefactos, evitaron la comisión de 309 homicidios, subrayó el estatal Diario de CentroAmérica.

Los mayores aumentos en las confiscaciones fueron fusiles, carabinas y rifles, que pasaron de 88 a 276, lo que significa un alza del 213,6 por ciento, amplió en el texto.

La causa de muerte por arma de fuego en el país es la más frecuente dado que ocupa el 84 por ciento del total general, explicó la PNC, citada por el medio.

Los decomisos son resultado de patrullajes, controles en la vía pública, investigaciones y acciones antinarcóticas, afirmó el vocero de esa institución, Jorge Aguilar.

Las fuerzas del orden interior localizaron las armas en poder de pandilleros, narcotraficantes y personas que las portaban ilegalmente, describió.

“Esto se ve reflejado también en la baja incidencia en la tasa de homicidios en territorio nacional”, remarcó el portavoz.

El criminólogo y consultor en seguridad y prevención de riesgos, Julio Roberto Hernández, calificó de positivo el incremento en esa incautación, porque retirarlas de circulación contribuye directamente a prevenir hechos ilegales como asaltos, robos, lesiones y homicidios.

“Un arma menos en manos de un delincuente es uno, dos o tres delitos menos que cometen estos antisociales en contra de la población guatemalteca”, añadió Hernández.

Recomendó a las autoridades mantener los operativos de incautación y fortalecer las gestiones para destruir las armas decomisadas una vez concluyan los procesos judiciales.

Antes, el propio experto señaló limitaciones en la cadena de tribunales, pues cada una de ella tiene un responsable, pero este muchas veces no es sancionado.

El exviceministro de Gobernación Mario Mérida aseguró que hasta 2018 se contabilizaban 200 mil armas, lo cual pudo subir entre un 400 y 450 por ciento debido al tráfico ilegal.

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