La medida de la administración de Donald Trump fue formalizada este viernes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien firmó el decreto que otorga al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) el estatus de organizaciones terroristas extranjeras.

Según reportó Forum, fuentes del Palacio de Planalto consideran como el escenario más favorable que la decisión tenga un carácter esencialmente político y carezca de consecuencias prácticas relevantes.

Un segundo panorama toma como referencia medidas adoptadas anteriormente por Washington contra Venezuela, con bloqueos y restricciones financieras; mientras el tercero, considerado el más preocupante, prevé sanciones contra instituciones brasileñas bajo acusaciones de facilitar operaciones de lavado de dinero.

Las evaluaciones internas en el Ejecutivo indican que la medida no tendrá un efecto inmediato en la lucha contra el crimen organizado, mientras establece un precedente peligroso, apuntó el medio.

De acuerdo con la publicación, miembros del Gobierno señalan similitudes con la aplicación de la Ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos sancionar a funcionarios extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos o corrupción.

Frente a la decisión norteamericana, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la soberanía nacional y sostuvo que el combate al crimen organizado corresponde a las autoridades brasileñas, que cuentan con legislación específica para enfrentar a las facciones criminales sin necesidad de intervenciones externas.

Entre las preocupaciones del Ejecutivo figura la posibilidad de que bancos y empresas brasileñas con presencia en el mercado estadounidense sean objeto de sanciones.

Al mismo tiempo, las autoridades observan con atención las menciones al sistema de pagos instantáneos Pix, señalado por sectores estadounidenses como un posible canal para la circulación de recursos ilícitos, porque consideran que tales argumentos pueden ser utilizados como instrumento de presión económica y política.

La decisión estadounidense también intensificó la disputa política interna en Brasil, cuando dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores responsabilizan a miembros de la familia del expresidente Jair Bolsonaro por la medida, al señalar que realizaron gestiones y presiones para que Washington diera ese paso.

Varias figuras acusaron al senador Flávio Bolsonaro y al exdiputado Eduaro Bolsonaro de actuar contra intereses nacionales porque promueven agendas alineadas con sectores políticos estadounidenses.

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