El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (parlamento) -que dará declaraciones a la prensa este jueves- hará pública la lista con los nombres de los postulados, para dar paso a las evaluaciones e impugnaciones, como establece la ley.

Finalizada esta etapa en unos 30 días o más este grupo parlamentario deberá tener el listado de elegibles para entonces presentarlo ante la plenaria del parlamento, quien decidirá por los postulados.

La semana pasada el presidente del Comité Giuseppe Alessandrello anunció una prórroga de cuatro días, que finalizó ayer a las 18:00, hora local, debido a las múltiples solicitudes de aplazamiento de la ciudadanía.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela reveló que hasta ese momento se habían recibido las propuestas de 280 candidatos y auguró que esa cifra deberá aumentar en los próximos días.

Se anunció ayer que los parlamentarios de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional se desplegarán desde mañana por el territorio nacional, junto a los órganos de justicia, para sumarse a la transformación de este sistema, propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En reunión en el Palacio Federal Legislativo con autoridades e implicados en este proceso, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz Diosdado Cabello informó que desde mañana comenzarán por las regiones central y occidental.

Ambas zonas comprenden los estados de Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira, y Falcón, Lara y Zulia, respectivamente, donde están concentrados “una gran cantidad de detenidos”.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz reveló que la población penal actual del país asciende a 58 mil 714 (en 2021 ascendían 83 mil), de los cuales 12 mil 425 guardan prisión sin sentencia firme y llamó a resolver esta situación con la articulación de las comisiones judiciales de cada región.

Desde este viernes quedarán conformadas mesas técnicas en cada uno de los estados antes mencionados, que estarán integradas por la fiscalía, tribunales, el parlamento, defensoría pública, cuerpos policiales y los servicios penitenciarios.

Consideró indispensable que al frente de la tarea estén el fiscal superior del estado, el presidente del circuito penal, el coordinador de la defensa pública, de la defensoría del Pueblo, el representante del ministro del Sistema Penitenciario y los jefes policiales y de la Guardia Nacional.

La gobernante encargada propuso transformar el sistema judicial de Venezuela para eliminar vicios como la corrupción, hacerlo más justo y ponerlo al alcance de los sectores menos favorecidos que sufren hoy la discriminación por su condición.

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