El encuentro celebrado en Francia contó con la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y el secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Valdecy Urquiza.
Según informó esta noche el Palacio de Planalto, los participantes abordaron mecanismos de cooperación para enfrentar delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.
De acuerdo con la Presidencia, Rodrigues explicó que la iniciativa prevé reunir a los 12 países sudamericanos en una estrategia conjunta contra el tráfico de drogas y armas, los delitos ambientales y otras actividades criminales de carácter transnacional. La coalición utilizará como base principal la oficina regional de Interpol para América del Sur, ubicada en Buenos Aires, mientras que el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, en Manaos, funcionará como polo complementario con énfasis en la seguridad de la región amazónica.
A su vez, Urquiza explicó que el proyecto busca fortalecer la producción y el intercambio de inteligencia para apoyar las investigaciones y las acciones de represión contra organizaciones criminales que operan en varios países de la región.
“Estamos desarrollando una iniciativa con la participación de los países de América del Sur para generar información de inteligencia que sirva de apoyo a las actividades investigativas y de combate al crimen organizado”, señaló.
Durante la reunión también se examinó la implementación de la denominada Difusión Plateada, un mecanismo de Interpol destinado a localizar y recuperar activos vinculados al crimen organizado.
Rodrigues indicó que esta herramienta permitirá ampliar la capacidad operativa de las autoridades para rastrear patrimonios ocultos en diferentes países y fortalecer las acciones de recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita.
Otro de los temas abordados fue la seguridad del sistema financiero, sobre el cual se dio a conocer que hay conversaciones con la Federación Brasileña de Bancos y otras instituciones para reforzar los mecanismos de verificación y control mediante el acceso a bases de datos policiales y, eventualmente, a registros de Interpol.
La agenda incluyó además debates sobre seguridad digital y protección de niños y adolescentes frente a delitos cibernéticos, así como estrategias para enfrentar centros internacionales dedicados a fraudes electrónicos y estafas.
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