En un comunicado, la institución señaló que mantiene vigilancia sobre la medida anunciada el pasado 13 de junio por el Ministerio de Seguridad, consistente en trasladar a los reclusos a las instalaciones localizadas en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, dentro del Parque Nacional Coiba.

La Defensoría recordó que la Ley 44 de 26 de julio de 2004, que crea el Parque Nacional Coiba, establece en su artículo 28 que, una vez concluido su uso como penal, el área y las edificaciones debían pasar a formar parte de los bienes administrados por el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, hoy Ministerio de Ambiente, bajo la supervisión del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.

Asimismo, destacó que la norma disponía el traslado de las personas privadas de libertad que permanecían en el antiguo penal a más tardar un año después de la entrada en vigor de la legislación, es decir, el 29 de julio de 2005.

La entidad también subrayó que el artículo 5 de la referida ley prohíbe construcciones e infraestructuras que no estén destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o a actividades científicas contempladas en el Plan de Manejo del parque.

“La reapertura de dicho centro penitenciario puede poner en riesgo el área protegida”, señaló la Defensoría, que además consideró que el cierre del penal de Coiba constituyó un compromiso simbólico internacional del Estado panameño.

La entidad dirigida por Ángela Russo indicó además que mantiene abierta una investigación para determinar posibles afectaciones a los derechos humanos de los reclusos trasladados, así como para supervisar las condiciones de detención, alimentación, acceso a insumos básicos y seguridad.

El proceso responde a dos quejas colectivas presentadas por familiares de detenidos en el Centro Penitenciario La Joyita, quienes solicitaron la intervención del organismo para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad.

Por otra parte, autoridades vinculadas al manejo del Parque Nacional Coiba solicitaron al Gobierno información técnica, jurídica y administrativa relacionada con el traslado de los reclusos hacia el penal administrado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), decisión que ha generado preocupación en sectores ambientales y de la opinión pública.

En un pronunciamiento, recordaron que Coiba constituye una de las áreas de mayor importancia ecológica de la región, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Sitio de Patrimonio Mundial y parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.

Los especialistas señalaron que cualquier medida adoptada por razones de seguridad debe ajustarse a la normativa ambiental vigente y a los mecanismos de gobernanza establecidos para la protección del área.

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, defendió la decisión y aseguró que responde al fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad tras la fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita.

El jefe de Estado reiteró que su administración impulsará reformas para endurecer el régimen penitenciario y reforzar el aislamiento de los reclusos considerados de alta peligrosidad, al tiempo que adelantó la presentación de nuevas políticas públicas en materia de seguridad.

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