Rechazan ley que impide cortes civiles juzguen a uniformados en Perú

Lima, 23 jun (Prensa Latina) Amplio e inmediato rechazo generó hoy la aprobación parlamentaria de una ley por la cual los militares y policías serán juzgados por sus propios tribunales por delitos que cometan en ejercicio de sus funciones.

En su edición de Internet, el diario La República calificó la norma como “una nueva ley pro-crimen” en referencia a otras que atenúan la dureza de leyes contra el crimen organizado.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a más de 80 agrupaciones dedicadas al tema, calificó como “un grave retroceso para el Estado de derecho y el acceso a la Justicia” a la legislación impulsada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El promotor de la norma, paradójicamente, fue en su juventud un importante defensor de los derechos humanos y milita en el partido Fuerza Popular (FP), de la neoliberal Keiko Fujimori, quien está a punto de convertirse en presidenta tras el balotaje del 7 de junio.

La mayoría de los votos con los que se aprobó la controvertida ley fueron emitidos por congresistas pertenecen a FP, en la última sesión plenaria del Parlamento elegido hace cinco años

“Rechazamos este norma que debilita las garantias de independencia e imparcialidad que deben regir toda investigación y proceso judicial”, agregó la CNDDHH en un comunicado.

El texto mencionó recientes y graves violaciones de derechos humanos cometidos por uniformados, como la matanza de de cinco jóvenes acribillados a mansalva por un patrulla cuyos integrantes fueron sometidos la semana pasada a un año de prisión preventiva.

También refirió el caso de un adolescente muerto por tortura en una celda policial y la impunidad de 50 muertes de civiles inermes ultimados por militares y policías durante protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Esos y otros casos, como las graves violaciones de derechos humanos durante el llamado conflicto interno (1980-2000), agregó, “evidencian la necesidad de investigaciones independientes cuando existen indicios de delitos atribuidos a agentes policiales o militares”.

La norma excluye de sus alcances a militares y policías que se involucren en el crimen organizado, que serán entregados a la justicia común, aunque esta podrá hacerse cargo de los que cometan delitos comunes en ejercicio de sus funciones.

ool/mrs

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