De acuerdo con el informe oficial, en el país una persona pierde la vida por este delito aproximadamente cada 15 horas, lo que equivale a unas dos muertes violentas diarias y un promedio mensual de 51 casos, panorama que mantiene la preocupación de la ciudadanía por el avance de la criminalidad.
Las estadísticas indican que entre las principales causas de los homicidios figuran las rencillas delincuenciales, con 89 casos; el pandillerismo (46); las riñas (21) y los ajustes de cuentas (ocho).
Las provincias con mayor incidencia son Panamá, con 170 asesinatos, y Colón, con 47, donde las tasas alcanzan 10 y 14 fallecidos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Les siguen Panamá Oeste, con 25 casos, y Chiriquí, con 12.
Según datos del Ministerio de Seguridad, los homicidios intencionales aumentaron cinco por ciento entre 2025 y 2026, principalmente en esas demarcaciones.
A nivel distrital, Panamá encabeza la lista con 120 homicidios, seguido por San Miguelito (50), Colón (42) y Arraiján (16), considerados los territorios con mayor incidencia de este delito.
El reporte precisa además que, del total de asesinatos registrados, 264 fueron cometidos con intención o dolo, mientras que los siete restantes ocurrieron de forma accidental.
Los fines de semana continúan concentrando la mayor cantidad de hechos violentos: domingo registra 55 homicidios, viernes 47 y sábado 43. En el resto de los días de la semana la cifra oscila entre 29 y 40 casos.
Las armas de fuego siguen siendo el medio más empleado para cometer estos crímenes, con 235 víctimas, seguidas por objetos punzocortantes (20) y otros instrumentos (16).
Pese al incremento reflejado en las estadísticas acumuladas del año, las autoridades sostienen que el comportamiento de los homicidios durante junio se mantiene dentro de los niveles previstos y estiman que el mes podría cerrar con unos 45 casos, ocho menos que el máximo histórico de 53.
Sin embargo, la actuación de los organismos de seguridad frente al aumento de la criminalidad ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por parte de la población, que considera que las cifras oficiales evidencian el deterioro de la seguridad ciudadana y desmienten que se trate únicamente de una percepción.
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