El secretario general jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, presentó este martes un alegato ante el organismo electoral en el que calificó la solicitud de «inconstitucional e ilegal» y pidió su desestimación definitiva.

Según el funcionario, los promotores de la revocatoria pretenden convertir ese mecanismo de participación ciudadana en un plebiscito sobre las políticas económicas del Ejecutivo, en particular el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Herrería argumentó que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana impide utilizar la revocatoria para cuestionar políticas públicas, al señalar que ese instrumento solo procede cuando existe un incumplimiento legal claramente demostrado.

Respecto al argumento señalado por los grupos sociales de que el Ejecutivo incumplió su plan de gobierno, el jurista sostuvo que ese documento tiene un horizonte de ejecución de cuatro años (2025-2029), por lo que consideró jurídicamente improcedente evaluarlo cuando apenas ha transcurrido el primer año del actual mandato.

Añadió que el Gobierno ya entregó al CNE más de una veintena de cajas con documentación sobre la gestión en áreas como salud, educación, vivienda e infraestructura vial para respaldar el cumplimiento de sus compromisos.

La solicitud de archivo responde al pedido de revocatoria presentado por organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Esa acción, legalmente prevista en la Constitución, se suma a una solicitud anterior impulsada por el dirigente indígena Leonidas Iza, el abogado Washington Andrade y otros representantes de colectivos de la sociedad civil.

Los promotores de ambas iniciativas sostienen que el mecanismo se ajusta a la normativa vigente y reclaman que el CNE se pronuncie sobre su admisión dentro de los plazos legales.

Con ese objetivo convocaron vigilias y movilizaciones para los días 8, 11 y 15 de julio bajo la consigna «La revocatoria va, porque va», con las que buscan respaldar el proceso y presionar al organismo electoral para que resuelva la solicitud.

Una vez recibidos los argumentos de las partes, el pleno del CNE dispone de hasta 60 días para emitir un pronunciamiento sobre el pedido de revocatoria.

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