La legislación, respaldada por el Partido Liberal Democrático, su socio de coalición (Partido de la innovación) y varias fuerzas de la oposición, introduce modificaciones a la ley de elección de cargos públicos y a la normativa sobre plataformas digitales.

Entre las medidas figura la obligación de que los usuarios indiquen cuando publiquen imágenes o videos creados o alterados con inteligencia artificial, así como la prohibición de difundir información falsa sobre candidatos.

El Ministerio del Interior y Comunicaciones será responsable de emitir directrices y supervisar la implementación, aunque los operadores de plataformas no enfrentarán sanciones directas en caso de incumplimiento.

Una resolución complementaria insta al ministerio a promover medidas ejemplares, como suspender la monetización de contenidos engañosos, priorizar fuentes oficiales y desplegar advertencias visibles para los usuarios.

El gobierno prevé que las disposiciones entren en vigor antes del 1 de marzo de 2027, en vísperas de las elecciones locales unificadas de primavera, consideradas el próximo gran hito político del país.

Analistas señalan que la creciente influencia de las redes sociales en la política japonesa quedó patente en la reciente victoria del Partido Liberal Democrático, bajo el liderazgo de la primera ministra, Sanae Takaichi.

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