La iniciativa genera controversias porque contiene medidas de claro corte neoliberal, entre ellas el adelgazamiento del Estado y el debilitamiento de la protección del medioambiente, y deja en manos del sector empresarial temas como los salarios y el empleo.

Entre los puntos con mayor desacuerdo figura una reforma tributaria disfrazada, al rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23 por ciento para los grandes consorcios, con el pretexto de estimular las inversiones nacionales y extranjeras.

Aunque el recorte está previsto de manera gradual hasta su aplicación total en 2029, provocará un agujero fiscal de unos 800 millones de dólares por cada punto porcentual descontado.

La pérdida total cuando se llegue a la tasa de 23 por ciento será de unos tres mil 200 millones de dólares anuales, en beneficio de un sector ínfimo de la población.

Para compensarlo, el Ejecutivo aplicó desde este año una rebaja de tres por ciento en el presupuesto de casi todos los ministerios, que implica la contracción de servicios básicos, como educación y atención primaria de la salud.

También causa malestar la idea de declarar un período de invariabilidad tributaria de hasta 25 años, aunque el ministro de Hacienda debió matizar la propuesta y crear tramos en función del monto de las inversiones hechas.

Los partidos políticos de oposición advirtieron que, en caso de resultar aprobada la megarreforma en su estado actual, acudirán al Tribunal Constitucional para impedir la aplicación de todos los cambios propuestos.

Si bien en la Cámara de Diputados el gobierno no tuvo dificultades para conseguir una buena mayoría, en el Senado las fuerzas están más distribuidas y un cambio de última hora puede hacer variar el resultado hacia un lado u otro.

Existe también la posibilidad de que la ley miscelánea regrese a una comisión mixta con representantes de ambos recintos para congeniar las distintas propuestas emanadas de la discusión de este miércoles, cuando la sesión puede extenderse hasta la madrugada del jueves.

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