El organismo electoral recibió un total de 468 solicitudes de alianzas entre organizaciones políticas nacionales y locales.

Entre los acuerdos aprobados figuran alianzas entre Unidad Popular y el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP).

Asimismo, existen coaliciones en algunas localidades que incluyen a Avanza, Centro Democrático, Pachakutik, CREO y otros movimientos.

El CNE precisó que se rechazó a una alianza presentada en la provincia de Chimborazo, sin ofrecer detalles sobre las razones de esa decisión.

Las restantes solicitudes serán analizadas por el pleno del organismo y las delegaciones provinciales durante los próximos días, conforme al reglamento que rige la conformación de alianzas electorales.

El cierre de esta etapa ocurre en medio de un escenario complejo para la Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, suspendida temporalmente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Esa misma entidad suspendió también al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), organización que cobijaría a los candidatos de la RC.

Organizaciones políticas y analistas rechazaron la medida, calificada de “golpe electoral” para la oposición.

Aún así, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, afirmó que su partido cuenta con aliados alternativos para que los miembros de la RC participen en la contienda electoral.

En una reciente entrevista con un medio local, el presidente del CNE, José Cabrera, apuntó que oficialmente los partidos suspendidos no pueden formalizar alianzas.

No obstante, Rivadeneira aseguró que bajo el amparo de otras agrupaciones sus representantes se postularán.

De acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir del 2 de agosto se abrirá el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales, que concluirá el 17 de ese mes.

El 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y otras autoridades locales, así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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