Así lo manifestaron los oradores de una concurrida conferencia de prensa convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Uno a uno, se declararon contra el diálogo y reconciliación planteado por la gobernante electa, que asumirá la Presidencia en una semana, y señalaron que antes de cualquier contacto, comience a aplicarse la justicia por las muertes y la verdad de lo sucedido y se acabe la recurrente impunidad de los autores y responsables.

Además, advirtieron el próximo gobierno es un grave riesgo para el derecho a la justicia, porque la bancada del partido de Fujimori, Fuerza Popular (FP), ha impulsado y aprobado, con el apoyo de aliados, una serie de leyes de impunidad inclusive para los autores condenados.

Llamaron a las fuerzas democráticas y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente al deterioro del Estado de derecho en el Perú y evitar nuevos atentados contra los derechos humanos.

Milagros Millán, cuyo hermano médico fue ultimado cuando atendía heridos durante la represión de las protestas contra Dina Boluarte, rechazó en particular una reunión de los familiares de los caídos con la presidenta electa, propuesta por el dirigente político centrista Jorge Nieto.

Confirmó que los familiares, por el contrario, vendrán a Lima para protestar el 17 y el 28 de julio (día este en que asumirá Fujimori) por la impunidad de autores y responsables de las muertes en protestas reprimidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Tal rechazo tiene que ver con que el Congreso saliente, bajo hegemonía de Fuerza Popular, dijo, archivó siete denuncias contra la expresidenta Dina Boluarte como principal responsable de las muertes. “Keiko Fujimori ha gobernado el país desde el Congreso, con una mayoría que ha impuesto leyes para arrebatarnos nuestros derechos a la verdad y la justicia”, señaló a su vez Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, estudiante secuestrado y asesinado por un escuadrón militar ilegal, bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

La titular de la CNDDHH, Tania Pariona, leyó un pronunciamiento conjunto, según el cual el acceso de Fujimori a la Presidencia “no representa un relevo democrático, sino la consumación de una estrategia de continuidad autoritaria y quiebre del orden institucional.

“Más que el acceso al sillón presidencial, advertimos el desmantelamiento previo de los contrapesos democráticos y la captura de instituciones del Estado” agregó y señaló que la promesa de Fujimori de “gobernar como su padre” es una amenaza de retorno a un régimen autoritario y corrupto”, y violador de derechos humanos.

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