El estudio Vea Panamá, elaborado por la empresa Prodigious Consulting para el diario La Estrella de Panamá, indica que casi siete de cada 10 ciudadanos mantienen su oposición al reinicio de operaciones del enclave, mientras el respaldo a esa posibilidad continúa siendo minoritario.

La investigación también refleja un amplio apoyo a la celebración de una consulta popular. El 68,7 por ciento de los encuestados favorece un referendo para definir el rumbo de la minería en el país, frente al 28,7 por ciento que se opone.

Los resultados se conocen mientras el Gobierno reiteró que la decisión sobre el futuro de la mina será adoptada antes de finalizar el año por el presidente José Raúl Mulino, con base en auditorías técnicas, económicas y ambientales que permanecen bajo evaluación.

En una conferencia de prensa celebrada el pasado 13 de julio, los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, coincidieron en que el país requiere una solución definitiva para un conflicto que permanece abierto desde el cierre de las operaciones en noviembre de 2023.

Moltó afirmó que el Ejecutivo no contempla restablecer el contrato de concesión declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia mediante el fallo que anuló la Ley 406, aunque señaló que la paralización del proyecto generó importantes consecuencias económicas, laborales y sociales.

De acuerdo con el titular, más de 40 mil 800 personas perdieron sus empleos de manera directa o indirecta y alrededor de 170 mil resultaron afectadas junto con sus dependientes, mientras numerosas pequeñas y medianas empresas registraron pérdidas.

Chapman, por su parte, sostuvo que la suspensión de la actividad minera ha ocasionado pérdidas superiores a seis mil 300 millones de dólares en los últimos 32 meses, además de una disminución de la inversión extranjera directa y de las exportaciones de bienes.

En materia ambiental, Navarro informó que una auditoría preliminar elaborada por la firma SGS determinó un cumplimiento del 87,64 por ciento de los compromisos ambientales auditables, aunque detectó incumplimientos relacionados con la reforestación y una deforestación superior a la autorizada durante la construcción del proyecto.

El ministro alertó igualmente sobre los riesgos derivados del almacenamiento de 38 millones de toneladas de mineral y advirtió del incremento de la minería ilegal en varias provincias, fenómeno que vinculó con estructuras del crimen organizado.

Las autoridades precisaron que las auditorías continúan bajo análisis y que, una vez concluido ese proceso, el Ejecutivo elaborará una propuesta que será evaluada por especialistas de los sectores científico, académico y ambiental antes de ser presentada al mandatario.

La mina de cobre de Donoso cesó sus operaciones en noviembre de 2023, después de que masivas protestas populares contra la minería metálica a cielo abierto condujeran a que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum.

mem/ga