Un desmentido rotundo sobre la ubicación de la supuesta firma protagonizó este miércoles el hijo del fallecido propietario del inmueble, quien se comunicó con medios de prensa y desmintió que en esa casa funcione alguna empresa, y mucho menos relacionada con la exportación de minerales.

“Allí no hay ni ha habido ninguna empresa, solo personas particulares”, sostuvo.

Medios nacionales de prensa difundieron con anterioridad esa información sobre la base de datos generados por esa supuesta corporación a efectos del registro de su razón social.

Sin embargo, con posterioridad, el medio digital Urgente.bo publicó una nota aclaratoria.

Durante una intervención pública, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, mencionó a esa empresa como la propietaria del cargamento del metal precioso decomisado en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuyo valor se estima en 25 millones de dólares, y que generó un escándalo nacional.

El joven de 22 años Adrián Lema tenía el encargo de transportar esas valijas hasta Emiratos Árabes, tras una escala en Sao Paulo, Brasil.

Sobre el particular, el Ministerio Público y la Policía informaron que, como parte de este expediente, se investiga quiénes son los representantes legales de la empresa, sin dar con ellos hasta este miércoles.

El caso provoca críticas de la prensa y de políticos de distintas tendencias porque de los seis detenidos inicialmente en el aeropuerto internacional cruceño de Viru Viru, cinco fueron liberados sin el criterio de un fiscal, y el único que permanece encarcelado preventivamente por 150 días es Lema.

Dentro de este contexto, las autoridades confirmaron en una verificación oficial que el oro ocupado en Viru Viru tiene un peso de 189.5 kilogramos, lo cual desvirtúa la versión de que habían desaparecido más de 20 kilogramos.

“Peso total de las cuatro maletas que contienen barras de oro (es de) 189.5 kg aproximadamente toda vez que la balanza tiene variaciones”, sostiene el acta redactada en el lugar de los hechos y en presencia del fiscal identificado como Gómez Padilla, por indicación del Ministerio Público.

Según el documento, durante la redacción del documento estuvieron presentes representantes de la fiscalía y agentes policiales.

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