De acuerdo a la publicación, la cancillería recibió la iniciativa del gobierno estadounidense el viernes 24 de julio, pese a que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, había asegurado: “Nosotros no tenemos ninguna postura porque no tenemos ninguna propuesta”.

La negociación entre los países había sido informada por The New York Times el miércoles 29 de julio, cinco días después de que la embajada de Estados Unidos en Montevideo entregara la propuesta sobre “cooperación migratoria”, dice Búsqueda.

Añade que el texto refiere la “voluntad de cooperar” de las partes en materia de migración y en la posibilidad de que Uruguay reciba uruguayos y personas de terceros países que serán deportados de Estados Unidos pues no cuentan con “fundamentos legales” para permanecer en ese país.

Acota que ambos gobiernos alcanzaron “entendimientos” para “facilitar el traslado” desde Estados Unidos a Uruguay de “nacionales de terceros países”.

Ese mecanismo establecería que la administración Trump podrá elegir de manera “discrecional” a las personas a ser deportadas y que el gobierno de Yamandú Orsi tendrá la potestad de aceptar o rechazar a los candidatos.

Si bien en las negociaciones que tuvieron al canciller como protagonista Uruguay planteó que un potencial acuerdo debía incluir financiamiento, no hay menciones al tema económico en la propuesta que recibió el gobierno, refiere la nota periodística

Tampoco hay referencias a posibles reunificaciones familiares de cubanos u otros objetivos “humanitarios”, dos argumentos utilizados por algunos funcionarios para defender la medida, según la versión de la publicación.

La difusión periodística de las conversaciones con el gobierno de Trump tomó por sorpresa al oficialismo, suscribe Búsqueda.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció ese miércoles a El Observador su existencia, pero acotó que no había “ningún acuerdo específico”.

Añadió que Uruguay planteó que para aceptar debe haber claridad sobre algunos aspectos, como los antecedentes penales que tengan los candidatos a ser recibidos.

Dijo que el gobierno uruguayo consideraba “discriminatoria” la política migratoria estadounidense.

Varias voces críticas se escucharon desde el Frente Amplio, incluida la de su presidente Fernando Pereira, para quien “deportar» y «violentar” los derechos humanos “no es una forma compatible con el asilo que Uruguay da”.

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