Según un comunicado oficial, la iniciativa fue entregada por la ministra tica de Comercio Exterior, Indiana Trejos, a su par panameño, Julio Moltó, y busca establecer un mecanismo que permita atender las preocupaciones de ambas partes y cerrar la controversia.

El primer acuerdo consiste en un memorando de entendimiento para dar seguimiento a las inquietudes planteadas por Panamá sobre determinados productos costarricenses de interés para la exportación.

Como parte de ese compromiso, Costa Rica realizaría las gestiones necesarias para tramitar las solicitudes que presente la parte panameña, con el acompañamiento de un organismo internacional que garantice mayor transparencia al procedimiento.

La segunda propuesta plantea que ambos gobiernos sometan la controversia a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el compromiso de aceptar el resultado del proceso relacionado con la apelación presentada por Panamá al fallo emitido por ese organismo.

Las autoridades de ambos países coincidieron en que esos instrumentos permitirían avanzar, bajo el principio de buena fe, hacia una solución definitiva del conflicto comercial.

El diferendo se originó por las restricciones impuestas por Panamá a la importación de diversos productos agropecuarios costarricenses, entre ellos lácteos, carnes, fresas, piñas, bananos y plátanos, medidas que San José ha considerado incompatibles con las normas del comercio internacional.

En 2021, Costa Rica presentó una reclamación ante la OMC contra esas restricciones, mientras Panamá defendió sus decisiones al alegar razones sanitarias y fitosanitarias.

A finales de 2024, un Grupo Especial de la OMC determinó que las medidas panameñas no estaban sustentadas en suficientes principios científicos y recomendó adecuarlas a las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Sin embargo, Panamá apeló esa decisión en 2025 ante una instancia de la OMC que permanece inoperante desde hace varios años por la falta de nombramiento de sus integrantes, situación que mantiene sin aplicación efectiva el fallo y prolonga el diferendo comercial entre ambos países.

La nueva propuesta costarricense pretende destrabar ese proceso y crear las condiciones para restablecer plenamente el comercio bilateral de productos agropecuarios.

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