Mediante un comunicado, el gremio se congratuló por el cese de la prisión preventiva tras 16 meses del expresidente y tesorero en 2023 de la reconocida organización ancestral, así como la resolución que ratificó la libertad y medidas al reconocido reportero José Rubén Zamora.

Ambos líderes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán fueron objeto de una evidente criminalización por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el Ministerio Público (MP), señaló.

Ello, acotó, luego de encabezar una pacífica y legítima defensa de los resultados electorales de hace tres años, la democracia y el Estado de Derecho en el país.

Reconoció los esfuerzos de sus equipos de defensa, sumados a la firme solidaridad de los pueblos indígenas y de diversas organizaciones civiles.

Demostraron –amplió- una verdad fundamental: defender la democracia y exigir el respeto a la voluntad popular jamás será un delito.

La APG exigió que las etapas subsiguientes de este proceso judicial se desarrollen con estricto apego al debido proceso y con absoluto respeto a sus derechos ciudadanos y garantías constitucionales.

De igual manera, saludó la resolución de la Corte Constitucional al aceptar el desistimiento presentado por el MP, el cual dejó en firme la libertad y las medidas sustitutivas otorgadas al periodista y socio de esa entidad.

Con el retiro de la apelación con la que el ente investigador pretendía revocar la excarcelación del fundador de EPeriódico, el fallo le permite llevar sus procesos fuera de prisión, sin posibilidad de ser revertido por dicha vía, subrayó.

Calificó ese hecho de paso indispensable hacia el cese del acoso judicial contra la libertad de prensa local.

Reiteró que la persecución penal y el uso del aparato estatal para acallar voces disidentes: periodistas e instrumentos de representación ciudadana, vulneran severamente las bases democráticas nacionales.

Aseguró que continuará vigilante frente a las actuaciones del MP y de las instituciones del sistema de justicia, con la demanda siempre de independencia judicial, el fin del uso arbitrario de la prisión preventiva y la protección integral de la libertad de expresión y de manifestación.

La medida (de arresto domiciliario) otorgada a Pacheco y Chaclán es una buena noticia para el país y renueva la esperanza en que los tiempos oscuros están quedando atrás, afirmó antes aquí el presidente Bernardo Arévalo.

La persecución de la anterior fiscal general, Consuelo Porras, y parte de su equipo, según analistas locales, abarcó sectores de la sociedad civil, la prensa y del Ejecutivo.

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