El sub oficial Wilfredo Oscco es acusado por el homicidio de Denilson Huaraca durante la represión a las protestas de 2023 contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia, tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Basa su pretensión en la ley que dispuso que los militares y policías juzgados por delitos (como crímenes de Estado) cometidos durante acciones oficiales, norma rechazada por las organizaciones de derechos humanos, según las cuales busca la impunidad de esos casos.

Según el diario La República, se trata del primer caso de un uniformado que busca acogerse a la citada norma alegando que el crimen que se le atribuye es un “delito de función”.

La solicitud de Oscco precisa que la citada ley dispone específicamente que los casos de ese tipo sean trasladados en un plazo de 30 días al fuero militar-policial, anulando todo lo avanzado en el Poder Judicial.

El abogado Carlos Rivera, especializado en derechos humanos, cuestionó el pedido porque el fuero castrense no garantiza independencia, lo que se hace más evidente cuando la controvertida ley incluyen los casos registrados durante los estados de emergencia. “Lo que quieren es un fuero complacente, como lo fue la justicia militar en el pasado”, dijo y citó los pronunciamiento de cortes militares que no sancionaron matanzas cometidas por uniformados durante el llamado conflicto interno (1990-2000).

“Lo único que les queda a las víctimas es que los jueces inapliquen esta norma por ser abiertamente inconstitucional”, añadió el letrado.

La ex magistrada de justicia supranacional, Julissa Mantilla, coincidió con Rivera y anotó que la ley mencionada forma parte de una serie de normas favorable a la impunidad.

“No puede ser que el Congreso, por iniciativa de Fuerza Popular, decida aprobar una norma inconstitucional y el juez deba aplicarla”, aseveró.

Mantilla mencionó que los jueces tienen la facultad de ejercer el llamado control de convencionalidad para negarse a aplicar leyes que, como esta, contradigan a la Constitución peruana y los tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado peruano.

Refirió fiscales y jueces que han inaplicado leyes inconstitucionales y sufren presiones, represalias y persecución pese a que han hecho lo correcto.

Al cierre de este despacho, un grupo de senadores del centrista Partido Ahora Nación presentó en el Parlamento una iniciativa que plantea que los procesos contra policías y militares por delitos cometidos durante su misión regresen al Poder Judicial y no sean tratados por cortes militares y policiales.

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