La PEC 32 de 2015, aprobada en junio por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara, será ahora examinada por el nuevo grupo parlamentario, que deberá votar un informe en un plazo de entre 10 y 40 sesiones plenarias.

Durante la sesión de instalación fue elegida la mesa que conducirá los trabajos. La candidatura única obtuvo 19 votos y designó como presidente de la comisión al diputado Aluísio Mendes, del partido Republicanos.

Mendes, en su condición de presidente, anunció al legislador Mendonça Filho, del Partido Liberal, como relator de la propuesta.

La PEC plantea modificar la Constitución brasileña para permitir que adolescentes de 16 y 17 años puedan responder penalmente como adultos en determinadas condiciones, en lugar de quedar sujetos exclusivamente al sistema previsto para menores de 18 años.

Actualmente, adolescentes que cometen actos infractores están sometidos a medidas socioeducativas previstas por el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, entre ellas internación, internación provisional, semilibertad e internación-sanción.

Si la comisión especial aprueba el texto, la PEC deberá ser sometida a los plenarios de la Cámara de Diputados y del Senado Federal. Por tratarse de una modificación constitucional, necesitará el respaldo de tres quintas partes de los parlamentarios en dos votaciones en cada cámara.

La reducción de la edad de responsabilidad penal es defendida por sectores de la derecha brasileña y vuelve al centro de la agenda legislativa en un año electoral, cuando la seguridad pública figura entre los temas de mayor atención política.

Quienes impulsan la iniciativa argumentan que las normas aplicables a adolescentes son demasiado flexibles y sostienen que la reducción de la edad penal contribuiría a enfrentar la criminalidad.

En sentido contrario, organizaciones de la sociedad civil cuestionan la medida y advierten que ampliar la posibilidad de encarcelamiento de adolescentes no garantiza resultados positivos para la seguridad pública.

La víspera, la Sociedad Brasileña de Pediatría manifestó su oposición a la PEC, al señalar que los menores de 18 años son responsables solo de entre 0,5 y dos por ciento de los homicidios o delitos considerados atroces, mientras los adultos responderían por entre 98 y 99,5 por ciento de esos crímenes.

Además, la entidad sostuvo que no existe evidencia científica consistente de que reducir la edad de responsabilidad penal contribuya a disminuir la criminalidad juvenil y recordó que niños y adolescentes figuran también entre las principales víctimas de la violencia en Brasil.

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