El texto legislativo, con sus 40 artículos, cuatro capítulos y demás disposiciones, fue sancionado la víspera sin ningún contratiempo en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (parlamento), que sesionó en el Centro de Convenciones de La Carlota.

Esta normativa garantiza protección integral a través de la seguridad jurídica, transparencia y viabilidad financiera, y permitirá a los ciudadanos adquirir un habitáculo con mayor facilidad.

En un audiovisual divulgado en la red social después de concluida la reunión, el presidente del parlamento Jorge Rodríguez estimó de “singular importancia” la aprobación de la normativa legal, la cual fue modificada de manera “muy profunda”.

Con anterioridad esta se llamaba Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y fue convertida ahora en la nueva Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, dirigida a proteger a promotores, productores y constructores dedicados a la edificación de viviendas, explicó.

El diputado comentó que, al mismo tiempo, también salvaguarda a los compradores de viviendas con la posibilidad de “acceder rápidamente a ellas y evitar cualquier situación que atente contra su derecho de acceder a un inmueble”.

Rodríguez anunció la creación de un Registro Único para que los promotores y constructores se inscriban allí, además de establecer el Régimen de Promoción y Protección de Nuevas Viviendas y el Régimen Sancionatorio.

Al presentar los motivos el pasado 14 de julio en su primera discusión, el legislador Pedro Infante consideró que la propuesta de reforma a la Ley de Estafa Inmobiliaria tiene como objetivo principal “promover la construcción de nuevas viviendas” bajo un enfoque adaptado a los nuevos tiempos.

La nueva normativa fue remitida a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para su promulgación y entrará en vigor una vez sea publicada en Gaceta Oficial.

Esta es la ley número 11 sancionada por la actual legislatura en el actual periodo de sesiones que arrancó el 5 de enero y hasta el 15 de agosto del 2026.

En esta misma sesión, el presidente del Poder Legislativo desmintió una falsa información que circuló en medios internacionales de prensa sobre un supuesto asesoramiento a la Asamblea Nacional por el economista estadounidense Steve Hanke, sobre una hipotética hiperinflación en el país.

El diputado consideró la noticia “descabellada, absurda, pueril y tonta”, que decidió no prestarle atención, pero después la Junta Directiva del parlamento se enteró que en verdad algunos diputados “andan por ahí hablando paja” sobre la contratación de este señor.

Rodríguez dio a conocer este sábado una declaración en la cual anunció la destitución del diputado Antonio Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-­Estados Unidos.

Indicó que en uso de las facultades conferidas por el Reglamento Interior y de Debates adoptó la decisión por la razón clara de que las acciones del legislador del partido Alianza para el Cambio “han sido irresponsables” y vulneraron el ordenamiento jurídico que “estamos obligados a defender”.

Puntualizó que el diputado del bloque opositor infringió el artículo 133 de ese documento, que exige a los parlamentarios en funciones de diplomacia interparlamentaria actuar con apego a la Constitución y a los intereses de la República.

Lo más grave, puntualizó, fue el haber violado el artículo 318 de la Carta Magna, que establece textualmente: “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar” y que el “Banco Central de Venezuela es el ente público que, de manera exclusiva y obligatoria, ejercerá las políticas monetarias”.

Añadió que la Junta Directiva del parlamento inició un proceso de investigación para establecer las faltas cometidas por el citado diputado y determinará “las responsabilidades y sanciones que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en nuestro reglamento de funcionamiento”.

“No permitiré que se utilice un grupo de amistad para intentar socavar de manera torpe y espuria las bases constitucionales y legales de nuestra República», subrayó.

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