Los desencuentros son públicos y tienen como protagonistas a ministros de posiciones afines, pero ajenos a la militancia del gobernante partido Fuerza Popular (FP), mientras la presidencia se empeña en mostrar actividad pública intensa.

Al final de la semana, la más reciente contrariedad es la irritada declaración del derechista extremo Rafael López Aliaga, contendiente de Fujimori en la primera vuelta electoral y aliado a regañadientes en el balotaje ganado a duras penas por la hoy mandataria.

López Aliaga exigió que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, ponga en marcha un tren descartado en Estados Unidos que, según dice, es una graciosa donación norteamericana conseguida por él cuando era alcalde de Lima.

Desde hace meses, Rey sostiene que no fue una venta disfrazada de material dado de baja o, como dicen los críticos de la operación, de un tren que no calificaba, por su antigüedad y por ser contaminante.

La virulencia de López Aliaga no fue atenuada ni siquiera por el hecho de que Rey dijo, al comparecer el gabinete ministerial ante el Congreso, que no tiene ninguna intención de impedir que el tren sea puesto en marcha, por lo que dejará que el organismo de inversiones Proinversión decida al respecto.

Tampoco se tranquilizó con la declaración de la Presidencia de que el tren será puesto en marcha, pese a las dudas técnicas, según las cuales la magnitud del costo de ponerlo en funcionamiento lo hace inviable.

El escenario se complica por la correlación de fuerzas en el Senado, donde el oficialismo cuenta con ocho senadores y apenas logra igualar a las bancadas de oposición progresista y centrista.

Paralelamente, fuentes católicas señalaron que sorprenden las diferencias entre López Aliaga y Rey, porque ambos son miembros del Opus Dei, prelatura extremadamente conservadora que estaría preocupada por la posibilidad de que el conflicto afecte su imagen y su posición en el catolicismo.

Por otra parte, las fisuras internas asoman entre los ministros de Cultura, Alberto Beingolea, y de Justicia, Ernesto Álvarez, pues este reclamó, con el apoyo de personalidades con las que comparte posiciones de derecha extrema, que el Lugar de la Memoria, referido al conflicto interno de 1990 a 2000, pase a manos de su ministerio.

Beingolea, del conservador Partido Popular Cristiano (PPC), respondió tajantemente que todos los museos, como el Lugar de la Memoria, corresponden al Ministerio de Justicia y no hay margen de discusión al respecto.

También fue pública la leve reprimenda que recibió de la presidenta el tecnócrata ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, por haber intentado minimizar las inundaciones causadas por la reciente DANA Aníbal, lo cual le causó duros reproches de opositores y medios de prensa.

Otro terreno erizado es el de la inseguridad ciudadana, tema emblemático de la campaña electoral de Fujimori, quien aseguró que la enfrentaría con mano dura.

Tal asunto motiva impaciencias de la población y la prensa pues, según cifras oficiales, en los 20 primeros días del nuevo Gobierno se registraron al menos 105 homicidios, 77,5 por ciento de los cuales fueron cometidos con armas de fuego.

La falta de medidas efectivas y prontas es atribuida por la oposición y la prensa al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, pese a lo cual el ministro del Interior y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, lo respaldó en una rueda de prensa en la que aseguró que hay avances en la lucha contra el crimen.

Tal antecedente fue motivo de fuertes críticas al ministro, y pedidos de que Arriola sea reemplazado por ineficiencia, en lo que coinciden las bancadas de los partidos opositores Juntos por el Perú (JP), Buen Gobierno, Ahora Nación (AN) y Obras, que suman mayoría en la Cámara de Diputados.

La falta de resultados y de decisiones en materia de seguridad ciudadana fue denunciada por esos partidos en el debate posterior a la presentación, esta semana, de las políticas del nuevo Gobierno, y JP tomó la iniciativa de anunciar una moción de interpelación a Astudillo, que puede derivar en una censura que lo obligaría a renunciar.

En las exposiciones ministeriales, Astudillo dijo que no podía destituir a Arriola porque una ley de septiembre de 2022 declaró virtualmente inamovible el cargo de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; aunque en 2024 la entonces presidenta Dina Boluarte destituyó al general que ejercía ese cargo.

Astudillo dijo también que el Ejecutivo promoverá una norma que modifique la que impide cesar a Arriola, aprobada con votos fujimoristas para impedir que el entonces presidente Pedro Castillo pudiera destituir al alto mando militar y policial.

De otro lado, en cuanto a la situación interna del partido gobernante, sorprendió que el presidente del Congreso, Miguel Torres, no asistiera a la sesión del Parlamento en la que el primer ministro, Luis Galarreta, y los integrantes del gabinete ministerial expusieron las políticas del nuevo Gobierno.

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