Según refirió el legislador en su cuenta de X, se garantizará “un debate democrático y transparente, con rigor institucional y absoluto respeto por la Constitución”.

La Corte Constitucional avaló ayer la mayor parte del contenido de la reforma pensional aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro y devolvió a la Cámara de Representantes algunos artículos e incisos para que sean nuevamente discutidos.

Tal decisión, que se tomó con una votación de siete a favor y uno en contra, dio a los representantes un plazo máximo de 30 días hábiles para el análisis de las nueve proposiciones realizadas, así como la inclusión de un nuevo un artículo.

Según estableció el tribunal, la entrada en vigencia de las normas que fueron devueltas dependerá de que se complete correctamente el proceso de subsanación requerido.

La representante por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal apuntó que su colectividad política permanecerá atenta a la discusión que ahora surtirá.

“Estaremos allí con todo el rigor y toda la contundencia para impedir que el abelardismo y el uribismo pretendan aprovechar esta discusión para introducir una contrarreforma pensional y avanzar hacia ese modelo de “sálvese quien pueda” que, en el fondo, siempre han defendido”, señaló.

Añadió que darán el debate para preservar el núcleo de la norma: “un pilar solidario que proteja a quienes llegan a la vejez sin pensión; un pilar semicontributivo para quienes cotizaron pero no alcanzaron a pensionarse; un pilar contributivo que fortalezca el sistema público de pensiones; y un componente de ahorro individual complementario”.

La reforma pensional en Colombia fue aprobada inicialmente por el Congreso en junio de 2024 pero pasó a ser estudiada por la Corte Constitucional.

Ese tribunal ordenó devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes en junio del año pasado al alegar presuntos vicios de trámites, y suspendió su fecha original de entrada en vigor que sería para julio de 2025.

Los representantes se reunieron y volvieron a votar a favor de acoger el texto que aprobó antes el Senado, pero la Corte Constitucional consideró que aún persistían fallas procedimentales.

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