Los colectivos cuestionan las disposiciones relacionadas con las inversiones y la solución de controversias, al considerar que podrían favorecer a empresas canadienses vinculadas a actividades extractivas.

En declaraciones a la prensa este miércoles desde el Complejo Judicial Norte, en Quito, el excandidato presidencial Yaku Pérez afirmó que el acuerdo fue negociado sin suficiente información pública ni participación de las comunidades y organizaciones sociales.

“Si es libre comercio, debe ser libre también para la información”, manifestó por su parte Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay.

Representantes de los grupos sociales expresaron preocupación por la suspensión hoy de la audiencia sobre la acción legal que busca transparentar el convenio.

Cuestionaron el posible uso de mecanismos internacionales de arbitraje por parte de empresas frente a decisiones adoptadas por el Estado ecuatoriano.

Pérez recordó los casos de Occidental Petroleum y Chevron-Texaco para cuestionar ese mecanismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias para Ecuador.

“En vez de sancionar a Chevron-Texaco, se le sancionó al Estado ecuatoriano. Ya tenemos experiencia”, afirmó.

Las organizaciones también alertaron sobre una eventual expansión de la actividad minera y mencionaron proyectos ubicados en Quimsacocha, Fierro Urco, Cascabel, Cangrejos y Warintza.

Carlos Novillo, integrante del Cabildo por el Agua, sostuvo que el acuerdo “no es un tratado comercial, sino un acuerdo para proteger la inversión minera”, y cuestionó sus posibles efectos sobre fuentes hídricas.

El activista señaló que Canadá concentra alrededor del 75 por ciento de la inversión en minería metálica en Ecuador y mencionó entre las zonas de preocupación a las cuencas de los ríos Tarqui y Yanuncay, en Azuay.

Pérez sostuvo que las organizaciones reclamarán ante la Corte Constitucional cuando el Gobierno remita el tratado para su análisis y alegarán que no existieron procesos suficientes de consulta previa, prelegislativa y ambiental.

En tanto, Sigcha advirtió que los colectivos intensificarán sus acciones en septiembre y anunció una movilización para el día 16 de ese mes en rechazo a las concesiones mineras que consideran una amenaza para los territorios.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que el acuerdo con Canadá permitirá el ingreso sin aranceles de más de 600 productos nacionales al mercado canadiense y beneficiará a sectores como banano, cacao, camarón, flores, frutas y manufacturas.

El tratado también contempla la entrada de productos canadienses al mercado ecuatoriano, pero aún no está en vigor, ya que deberá cumplir los procedimientos internos de aprobación y ratificación.

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