La iniciativa consta de 240 artículos y se divide en cuatro capítulos: agilización de los trámites; facilitación del comercio exterior; promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de las inversiones.

Para la senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian, la normativa procura modernizar el Estado con “reformas sectoriales para aumentar la competitividad de nuestra economía, promover la innovación y reducir el costo de vida”.

Busca reducir los tiempos y los costos administrativos que hoy enfrentan las personas y las empresas, incentivar la transparencia en la formación de precios, facilitar la actividad empresarial, promoviendo mercados más competitivos, y estimular la inversión y la innovación, apuntó.

Significó el impacto para las pequeñas empresas para las cuales la “acumulación de la simplificación” prevista en el proyecto “permite reducir en un 26 por ciento esos costos de gestión”.

Dijo que ello supone “más recursos para producir, contratar, invertir y menos recursos destinados a trámites”.

“Vamos a votar esta ley en general porque Uruguay necesita ser más competitivo, eliminar burocracia, facilitar inversión, atraer inversión y generar empleo y trabajo; es lo que una y otra vez nos dice la gente cuando recorremos el país”, expresó a su vez el senador colorado Robert Silva.

Criticó la existencia de “una delegación reglamentaria excesiva y reiterada”. Afirmó que “decenas de artículos remiten para su aplicación efectiva a lo que establezca la reglamentación” del poder Ejecutivo.

“Este proyecto no promete una transformación instantánea, pero sí promete un Estado más ágil, unos mercados más abiertos y una economía más competitiva”, respondió Kechichian.

La propuesta de ley ahora será tratado en la Cámara de Diputados.

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