La estrategia de Lecornu más bien busca reducir al máximo la oposición a un texto de la principal ley económica nacional que casi sin ser exhibido ya es motivo de críticas, como él mismo afirmó en su momento, destaca el canal de televisión BFMTV.

Aunque el primer ministro se mantiene sin fijar un objetivo de déficit presupuestario, su titular de Cuentas Públicas, David Amiel, subrayó que el de 2027 para nada puede ser “peor que el de 2025”, cuando se situó en 5,1 por ciento.

La idea de Lecornu es llevar a la Asamblea Nacional (Cámara baja), con diputados más bien preocupados por la campaña electoral, sin subidas de impuestos, freno al crecimiento del gasto y posible menor revalorización de las pensiones más elevadas.

El jefe de Gobierno planificó para este lunes un seminario con su equipo ministerial con el fin de llevar a debate la propuesta presupuestaria, cuya versión más adecuada deberá presentarse el 30 de septiembre próximo ante la cámara baja.

Pero antes de reunirse con los ministros, el jefe de Gobierno admitió al rotativo Le Parisien que aboga por un presupuesto con medidas que serán “en gran parte reversibles por la nueva mayoría que salga de las urnas”.

Serán medidas difíciles, pero no brutales, sin grandes reformas, aclaró el funcionario centroderechista.

Pero Lecornu tiene una tarea complicada: el crecimiento fue nulo en el segundo trimestre, tras una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,2 por ciento en el primer trimestre.

Ello pone en entredicho el objetivo del Gobierno de alcanzar un crecimiento del 0,7 por ciento del PIB y un déficit de 5,0 puntos, en 2026.

Por otro lado, todos los políticos galos hablan en todo momento de la deuda pública, pues el peso del servicio de ésta, que no deja de aumentar debido al fuerte incremento de los tipos de interés, también lastra el presupuesto y el déficit, comenta el canal BFMTV.

Aún en esas circunstancias se mantendrán intocables las partidas destinadas a Defensa para 2027, con seis mil 400 millones de euros adicionales, al igual que para Justicia, con 400 millones, Interior con 600 millones y Educación con otros 800 millones.

Se suman a lo anterior otros 500 millones de euros adicionados para Investigación mil 100 millones para Ecología. Los gastos de políticas de vivienda social y de formación profesional tampoco sufrirán recortes.

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