En declaraciones a Emisoras Unidas sobre la idea con el respaldo de más de 12 mil firmas recogidas a nivel nacional, el jurista descartó que sean un partido político, comité cívico, “no tenemos ninguna intención electoral”.

El proyecto plantea cambiar apenas 24 artículos de los 281 que tiene la Carta Magna y el siguiente paso consiste en entregarlo al Congreso, subrayó el entrevistado.

Ese día 28 caminaremos desde la capitalina Plaza de la Constitución hasta el Legislativo para la entrega formal de la petición, desribió.

Para que trascienda, acotó el especialista en el tema, haría falta luego el voto favorable de 107 diputados y tendría que irse a una consulta popular.

Calificó de llamativo durante la experiencia de quienes llegaron a firmar el interés existente en un tema que aparentemente puede sonar muy técnico como la justicia.

A muchos les parece inusual ver un activismo que no sea de partidos, añadió Ortiz en sus palabras al medio.

Consideró que el sistema o la cultura política rechazan esas acciones de fiscalización, de auditoría, de exigencia, de propuesta.

Incluso muchos políticos se han puesto a la defensiva y no quieren ni siquiera que se discuta una reforma, puntualizó.

Aseguró que casi no recibieron críticas sobre el fondo de la propuesta, solo pedidos de no hagan, no participen, no propongan.

El abogado mencionó como la mayor hostilidad contra el trabajo los mensajes en las redes sociales, con granjas de bots a veces un poco agresivos.

Señaló a asociados a la Universidad San Carlos de Guatemala, una de las víctimas de la reforma, porque esta plantea sacarla de las Comisiones de Postulación y reestructurar el modelo de elección de cargos de justicia.

Diversos analistas, abogados constitucionalistas y paneles de expertos de organizaciones nacionales e internacionales advierten de manera constante que el sistema de justicia en Guatemala requiere reformas estructurales profundas.

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