La medida, publicada el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial, motivó incluso un llamado del presidente José Raúl Mulino a la AMP para que reconsidere la resolución, al advertir sobre sus posibles efectos en el acceso a la información pública y la confianza.
El documento declara de acceso restringido toda la información, documentación, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
La disposición comprende los procesos de concesión de áreas, licencias de operación para servicios marítimos auxiliares e investigaciones por presuntas infracciones a las normas bajo jurisdicción de la AMP.
Durante la discusión de la resolución, en marzo pasado, se había planteado limitar la confidencialidad a documentos protegidos por secreto comercial o vinculados con la defensa del Estado, criterio que finalmente no quedó reflejado en el texto publicado.
El exmagistrado y exdirector General de Marina Mercante de la AMP Guillermo Márquez consideró inconveniente mantener bajo opacidad información relacionada con bienes públicos, particularmente en un sector estratégico para la economía panameña.
Actualmente, Panamá mantiene 18 concesiones activas que, tras el incremento de tarifas aplicado por la AMP el pasado año, generan unos tres millones 500 mil dólares anuales al Estado.
El especialista portuario Carlos Ernesto González calificó la decisión de “error garrafal” y pidió su revisión por la Junta Directiva de la entidad, al considerar que contradice principios de gobernanza abierta y transparencia.
También el exauditor de la Organización Marítima Internacional Demóstenes Sánchez alertó que la medida puede afectar no solo el derecho ciudadano a conocer información pública, sino la propia capacidad de fiscalización de la administración marítima.
Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana calificó la actuación de la Junta Directiva de la AMP como un “claro abuso de poder” y cuestionó la interpretación de la Ley de Transparencia utilizada para justificar las restricciones.
La controversia cobra especial relevancia porque la AMP busca actualmente operadores para los puertos de Balboa, Cristóbal e Isla Margarita, en un contexto marcado por el peso estratégico de la actividad portuaria para la economía nacional.
Un informe del diario La Prensa señaló además que la resolución, aunque divulgada recientemente, fue adoptada cinco meses atrás por la Junta Directiva de la AMP, presidida por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque Ferro.
Ese elemento alimentó nuevas críticas políticas, entre ellas las de la diputada Alexandra Brenes, quien cuestionó que el mandatario desconociera la decisión de una junta encabezada por una funcionaria cercana a su administración y pidió la salida del director de la AMP, Luis Roquebert.
Para los críticos, la polémica trasciende el debate jurídico sobre la confidencialidad y coloca en el centro la transparencia en el manejo de bienes públicos y de uno de los sectores fundamentales para la economía panameña.
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