La impugnación quedó reflejada en una carta conjunta entregada a organismos de Naciones Unidas en Ciudad de Guatemala y contó con el acompañamiento del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, según el informe.

Según las evidencias presentadas a las relatorías de la ONU sobre defensores de derechos humanos; libertad de reunión pacífica y asociación; libertad de opinión y expresión; y derecho a la privacidad, en el istmo una estructura integrada por al menos 40 agentes vinculados con la Dirección Nacional de Investigación Policial de la Policía Nacional (DNIP) se dedica a acosar a las agrupaciones que adversan al Ejecutivo.

Los remitentes alegan que sus operaciones se realizarían sin autorización judicial y comprenderían infiltración de reuniones, seguimiento físico, monitoreo de redes sociales, intervención de comunicaciones y recopilación de información privada.

El documento también señala que la información presuntamente obtenida mediante estas operaciones podría utilizarse para promover investigaciones o procesos penales contra dirigentes sociales y sindicales.

Los autores califican esta práctica como una posible modalidad de persecución judicial o “lawfare” destinada a intimidar, neutralizar protestas y limitar la fiscalización ciudadana.

Entre los sectores que, según la comunicación, podrían haber sido objeto de estas actividades figuran organizaciones sindicales, comunidades afectadas por proyectos mineros, pueblos originarios, ambientalistas, campesinos, estudiantes universitarios, medios de comunicación, periodistas y sacerdotes de la Iglesia Católica.

La misiva carta sostiene que las actuaciones denunciadas podrían vulnerar los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la reunión pacífica, la asociación, la integridad personal y las garantías judiciales reconocidas por el derecho internacional.

Asimismo, plantea interrogantes sobre una posible utilización de programas de vigilancia intrusiva, como Pegasus, Circles u otras tecnologías semejantes, y solicita que el Estado informe si alguna institución panameña ha adquirido, contratado o empleado estas herramientas.

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