Los jueces intentaron reinstalar la audiencia para dar a conocer su decisión, pero la diligencia quedó nuevamente sin efecto debido a la situación de Bucaram, que gobernó entre el 10 de agosto de 1996 y el 6 de febrero de 1997, fecha en la que fue destituido por el entonces Congreso Nacional.
El tribunal fijó para el jueves 3 de septiembre una nueva fecha para la audiencia, en la que prevé comunicar su resolución sobre los cuatro procesados.
La defensa informó que Bucaram permanece hospitalizado en Guayaquil por complicaciones cardíacas.
Ante la ausencia del procesado, el tribunal envió a un equipo policial al hospital para verificar su situación y el agente encargado señaló que no pudo confirmar que Bucaram estuviera internado, porque el personal de la clínica no le proporcionó información.
Sin embargo, Dalo Bucaram, otro de los hijos del expresidente, intervino en la audiencia desde el hospital y aseguró que su padre se encontraba en la unidad de cuidados intensivos.
La Fiscalía acusa a Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo y a otras dos personas de haber colaborado, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura que habría obtenido beneficios económicos mediante la comercialización de unas 21 mil pruebas para detectar la Covid-19 y otros suministros médicos.
Según la investigación, dos ciudadanos israelíes habrían movilizado las pruebas desde dependencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Guayaquil hasta la vivienda del expresidente.
La Fiscalía sostiene además que Bucaram habría almacenado en su domicilio otros productos médicos utilizados durante la emergencia sanitaria, entre ellos mascarillas y lancetas para la toma de muestras.
El juicio comenzó en abril de 2025, después de varios aplazamientos desde 2022, y durante su desarrollo declararon medio centenar de peritos y testigos.
El delito de delincuencia organizada contempla en Ecuador una pena de hasta 10 años de prisión, que puede incrementarse cuando concurren circunstancias agravantes.
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